Este es el lamentable estado que presenta el centro de interpretación arqueológica del sur de Tenerife

Cristales rotos en el mirado de La Centinela.

Álvaro Morales

15 de noviembre de 2025 18:14 h

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El colectivo de arqueología social Imastanen denuncia el estado en que se encuentra el centro de interpretación arqueológica de La Centinela, en el municipio de San Miguel de Abona (Sur de Tenerife), pese al proyecto de reforma anunciado por el Cabildo de Tenerife el pasado mes de septiembre, por un total de 1,4 millones de euros. Los miembros del grupo que lidera Sixto García se hacen eco de las quejas de vecinos de este municipio (aunque el edificio se sitúa en la linde con Arona por la medianía), ha pedido ya una reunión con los responsables del área de Patrimonio del ayuntamiento y censura que, pese a los anuncios, las obras no han comenzado, se alargarán, por tanto, los plazos para la reapertura y se sigue agravando el estado lamentable que presenta un equipamiento que se presentó a principios de los años 90 como un revulsivo para la difusión y estudio del patrimonio canario y que, sin embargo, se han reducido a una “crónica de un proyecto fallido: dinero público, abandono institucional y promesas incumplidas”.

Para Imastanen, “el caso del mirador de La Centinela reúne todas las características que definen la actual situación que sufre el patrimonio indígena en Tenerife. Desde su construcción a comienzos de los 90, pasando por su abandono y las numerosas idas y venidas entre ayuntamiento y Cabildo, el edificio, enclavado en una de las zonas con mayor concentración de yacimientos arqueológicos del sur de la Isla y en un espacio natural protegido como es el Roque de Jama, se ha convertido en el paradigma del despropósito que rige las políticas institucionales en lo que a la gestión del patrimonio guanche se refiere”.

Según denuncian, y pese a los anuncios de septiembre, “sigue el abandono y la incertidumbre sobre un proyecto que supondría el primer centro de interpretación arqueológica de Tenerife. Una necesidad que, pese a la demanda reiterada durante décadas por parte de vecinos y colectivos patrimoniales, continúa sin materializarse tras décadas de descoordinación entre instituciones, proyectos trasnochados que pretendían reconvertir el edificio en una escuela de hostelería con restaurante e intereses privados de por medio y partidas presupuestarias –como ese 1,4 millones de este mismo año- para concluir las obras de acondicionamiento”.

Puerta en el mirador de La Centinela.

A su juicio, se acumulan las promesas políticas “nunca cumplidas, que definen este caso de desidia e incompetencia en materia de protección y divulgación patrimonial”. Según desvelan, en octubre el Ayuntamiento de San Miguel les confirmó que las obras de reacondicionamiento habían comenzado tras ser vandalizado el edificio tras años de abandono total y que “sólo era cuestión de meses que se pusiera en funcionamiento”, lo que no se ha producido.

“Vandalización, escombros y basuras que no coinciden con la versión oficial” 

Los integrantes del grupo explican que un vecino les informó de que el centro había sido “ocupado ilegalmente por personas sin identificar. Un miembro de nuestro colectivo se persona en las instalaciones acompañado del propio vecino para comprobar cuál era la situación actual y descubre que el edificio estaba abierto y que las obras no se habían retomado. El candado estaba roto, había signos de vandalización, escombros, basuras, alimañas y un panorama que no coincide con la versión oficial. El vecino nos dijo que había trasladado este panorama a la Policía local de San Miguel, que le hace saber que está al tanto de la ocupación del edificio y de su vandalización”.

Estado de otro de los accesos en La Centinela.

Para Imastanen, estos hechos no son “nada nuevo y la sensación que queda es de que tampoco preocupa en exceso. Una semana después de la denuncia vecinal, el estado del inmueble es el mismo: desamparo y vandalismo sin consecuencias legales ni actuaciones preventivas por parte de las autoridades locales. Por eso, trasladamos la alarma al área de Patrimonio del ayuntamiento con la intención de reunirnos y exponer la situación con carácter de urgencia. No conseguimos que se produzca dicha reunión, pero, no obstante, la difundimos con pruebas gráficas y el testimonio del vecino colaborador de lo que está sucediendo”.

Los miembros del grupo no entiende “cómo se anuncia que las obras ya habían comenzado y que era cuestión de meses inaugurar el proyecto, mientras la situación real es la de un edificio en ruinas, con cristaleras rotas, puertas forzadas, alumbrado destruido y materiales desaparecidos. No hay ni cartelería indicando el comienzo de los trabajos, ni sobre la intención de recuperarlo ni tan siquiera informando o alertando de las posibles sanciones que implica su vandalización. Sencillamente, dejadez y abandono”.

Otra de las puertas en La Centinela.

Por eso, recalcan la que “indignación de los vecinos al comprobar el estado lamentable de este edificio, que ninguna promesa política ha llevado a ver culminado después de tres décadas desde su construcción, parece no encontrar respuesta. La comarca de Abona sigue siendo uno de los territorios que mayor número de bienes patrimoniales guanches conserva, pese al acelerado ritmo de expolio y destrucción que sufre. La creación de un centro de interpretación no solo es una demanda popular despreciada, sino un deber institucional no cumplido, que obvia el cometido para el que son elegidos y por el que se paga en última instancia a los responsables de la administración. La divulgación, protección, conservación y puesta en valor del legado insuloamaziq son competencias públicas de imperativo jurídico según dicta la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias del 2019. Que no se haya llevado a cabo ninguna actuación en la materia comporta en sí mismo una ilegalidad y una falta de cumplimiento del deber manifiesta”. 

En su opinión, esta “ilegalidad” se agrava con “la complicidad de las autoridades locales, ya que las quejas de los vecinos no consiguen ni tan siquiera que la policía actúe para realizar algo tan básico como un precintado y vigilancia de las instalaciones, impidiendo mayores daños y, por tanto, mayor gasto de dinero público destinado a rehabilitar un inmueble que lleva décadas cerrado y abandonado”.

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