El Ayuntamiento de Mogán admite el error y modifica el contrato con el despacho Jiménez Cisneros Abogados
El interventor municipal del Ayuntamiento de Mogán ha obligado al grupo de gobierno a redactar una nueva resolución para corregir el decreto de adjudicación del contrato de asesoramiento con el despacho de abogados Jimenez Cisneros S.L.
Tal como denunció la concejala de la oposición Isabel Santiago, de Nueva Canarias, el contrato inicial con este bufete de abogados incumplía lo preceptuado en el art. 138.3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En concreto, la ilegalidad radicaba en el precio del mismo porque los contratos menores deben ser de cuantía inferior a 18.000 euros, que era el precio por el que se adjudicó el servicio, lo que suponía “una clara vulneración del precepto legal”.
La alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, había señalado a este periódico que en aquel contrato no había “nada fuera de la legalidad” porque de lo contrario el interventor y los técnicos habrían puesto reparo. Ahora, dos semanas más tarde, el interventor municipal emitió un informe al respecto en el que da la razón a Nueva Canarias.
Para Isabel Santiago el escrito del interventor manifiesta que “la alcaldesa de Mogán no se entera del procedimiento adminstrativo, pues según la ley de haciendas locales, no procede la fiscalización de los contratos menores, al contrario de lo que afirmó”.
En dicho informe el interventor explica que la adjudicación incumplìa la ley y que para solventar la situación, o se iniciaba un procedimiento de contratación o este debía adjudicarse por un importe inferior a los 18.000,00€. Finalmente se ha dictado un nuevo decreto que corrige el error y que adjudica el contrato por importe de 17.950,€.
