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NC y PP denuncian que Ciuca ha dado "vía libre a un recorte de derechos políticos sin precedentes" en Mogán

La alcaldesa Onalia Bueno impulsa una reducción de los tiempos de intervención de los portavoces y limita los instrumentos de control de la oposición sobre el gobierno

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Onalia Bueno, en el centro de la imagen, junto al entonces presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la diputada Ana Oramas (CC)

Onalia Bueno, en el centro de la imagen, junto al entonces presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la diputada Ana Oramas (CC)

El grupo de gobierno de Mogán, integrado por los concejales de Ciuca, ha sometido a consideración del Pleno la aprobación definitiva de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal, que consagra un recorte de derechos políticos sin precedentes en el municipio, según denuncian en una nota de prensa Nueva Canarias y el PP, partidos de la oposición.

El Reglamento, el más importante de cuantos regulan la actividad política de todos los grupos municipales y de los concejales en el Ayuntamiento de Mogán, "da carta de naturaleza a la reducción de los tiempos de intervención de los concejales, limita a dos las peticiones de comparecencias que pueden ser solicitadas al año, estableciendo un límite temporal que no incluyen las leyes de rango superior; equipara los derechos de los cargos de confianza con los de los concejales en lo que al acceso de la información se refiere; endurece los criterios para la presentación y defensa de las propuestas de la oposición ante el pleno y lo que es mas grave vulnera preceptos de reales decretos suprimiendo la presentación de preguntas orales ante el pleno".

Todo ello, denuncian NC y PP, con la "colaboración y cooperación" del secretario de la corporación, imputado tras una denuncia de la fiscalía. Ante este "atropello sin precedentes", los portavoces de la oposición Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP) han presentado un extenso documento donde recogen alegaciones y alternativas al "documento antidemocrático" propuesto por Onalia Bueno (Ciuca).

Ambas formaciones políticas, que definen la propuesta de Reglamento de Ciuca como "represora, antidemocrática y obstaculizadora pensada más para ejercer el control político que la participación", sostienen que la propuesta del gobierno se opone de forma "grosera" a los principios constitucionales y a los derechos fundamentales que consagra.

Tanto desde NC como desde el PP se afirma que la propuesta de recorte de los tiempos de intervención es contraria a resoluciones judiciales tales como la sentencia, dictada por el juzgado de los contencioso administrativo nº 4 de Las Palmas, de fecha 26 de marzo de 2009, que expresa de forma clara que “la reducción de los tiempos de forma general... implica necesariamente constreñir a los concejales a que... realicen un ejercicio imposible de síntesis […]”.

Por otro lado, los portavoces de la oposición han dejado claro que se han cometido errores administrativos graves, no ya en la tramitación del expediente, sino en la regulación de la creación de la comisión municipal de evaluación ambiental, propuesta de Onalia Bueno.

Según NC y el PP, el gobierno de Mogán ha obviado la justificación razonada de la modificación propuesta, incumpliendo los requisitos fijados por la ley.

Para los partidos de la oposición lo más preocupante es que la propuesta ignora tanto el Estatuto Básico del Empleo Público como la Ley de Procedimiento Administrativo, respecto a que el ejercicio de autoridad queda reservado a los funcionarios públicos provistos de objetividad, imparcialidad e independencia, provisto de veracidad y certeza en lo que a los informes que emitan se refiere, de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo.

O lo que es lo mismo, insisten NC y PP, el Reglamento no regula el régimen de incompatibilidades aplicable a aquellos profesionales que la alcaldesa designe para formar parte de la comisión, y que puedan tener intereses empresariales no coincidentes con la defensa del interés general.

Para los portavoces de la oposición este asunto es "muy grave, ya que lejos de dar cumplimiento al citado mandato legal, permite que formen parte del órgano ambiental personas ajenas a la función pública desprovistas de la condición de autoridad ni de las presunciones legales descritas, lo que supone que esta ausencia de regulación vicia el Reglamento".

Para NC y el PP, este tipo de actuaciones, "propias de formaciones de ultraderecha, no hacen sino confirmar que la democracia y Onalia Bueno son incompatibles, y que cada decisión que toma Ciuca desde la Alcaldía va encaminada a construir un municipio totalitario bajo el mando de su alcaldesa, pisoteando y obstaculizando el ejercicio democrático de la labor de oposición que los ciudadanos han encomendado a la oposición".

Por ello, anuncian que "ante esta situación de impunidad con la que campa Onalia Bueno en Mogán, sólo cabe una actuación firme de los tribunales, pues no existe otra vía posible ante personajes de este tipo, sentenciaron", concluyen.

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