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Salta por los aires el concurso de 144 millones que pretendía adjudicar en solitario el presidente de RTVC

La mesa de contratación atiende las advertencias de la secretaria del consejo rector y acuerda paralizar sus trabajos por riesgo de incurrir en graves ilegalidades

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El presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín, durante su comparecencia hoy en comisión parlamentaria para hablar de la crisis de RTVC tras la dimisión de dos miembros del Consejo Rector.

El presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín. EFE/Cristóbal García

El millonario concurso que el presidente de Radio Televisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, pretendía adjudicar en solitario, a espaldas del consejo rector del ente y desoyendo las advertencias de la secretaria de ese órgano, ha quedado finalmente en el dique seco por decisión de la mesa de contratación. La mayoría de sus integrantes ha decidido paralizarlo atendiendo precisamente las advertencias de la letrada, experta en contratación pública, ante el cúmulo de irregularidades con los que arrancó el procedimiento y que amenazaban en convertirse en responsabilidades penales para los miembros de esa mesa.

Como viene siendo habitual, nadie en el ente público ha querido responder a los requerimientos que desde este miércoles viene haciendo este periódico para contrastar esta decisión, pero fuentes conocedoras de la misma han confirmado en todos sus extremos que, a pesar de las presiones que se han venido ejerciendo directivos del ente sobre los miembros de la mesa de contratación, ésta ha decidido mayoritariamente dirigirse al presidente de RTVC, Santiago Negrín, en su calidad de órgano de contratación, para que ponga fin al procedimiento y, en todo caso, convoque nuevamente otro ateniéndose a las prescripciones legales.

El concurso para la provisión de los servicios informativos para Televisión Canaria, dotado con 144 millones de euros para un periodo de ocho años, ya nació con problemas de índole legal expuestos por el que históricamente fue el letrado asesor del ente, el catedrático Martín Orozco. Precisamente fruto de esas advertencias, que fueron desoídas por Santiago Negrín y su equipo de allegados, Orozco abandonó sus funciones dejando en algunos de sus dictámenes severos reparos por las formas en las que se estaba preparando ese concurso. La decisión de Negrín de erigirse en órgano de contratación unipersonal a espaldas del consejo rector, elegido por el Parlamento de Canarias, era el principal factor de discrepancias.

Sin Martín Orozco advirtiendo de ilegalidades, Negrín y su mano derecha, la directora de Relaciones Institucionales, Daida Rodríguez, echaron mano de otro asesor externo, el también catedrático Carlos Cabrera, que adaptó los pliegos del concurso a las exigencias de sus clientes. Pero todos ellos se han tropezado con las advertencias que reiteradamente ha venido haciendo la secretaria del consejo rector, trasladadas a la mesa de contratación, donde ha habido muchas desavenencias a cuenta de otras decisiones que le han querido imponer desde la presidencia. La última de ellas, la contratación de un asesor externo en materia tecnológica que no era el que deseaban los técnicos de la casa y que, según informaciones extraoficiales, participaba muy activamente de otras decisiones que se alejaban bastante de la materia objeto de su asesoramiento.

Tampoco Carlos Cabrera ha respondido a las preguntas de este periódico, relativas a su posible decisión de abandonar a su suerte a los directivos de RTVC, como hizo su antecesor.

Pero si Negrín, Cabrera y Rodríguez guardan silencio, en su entorno y en el de las empresas que le han protegido en este trance (Prisa y Editorial Prensa Ibérica, que concursan bajo la enseña de Numtium) ya han empezado a hablar y han dejado caer este jueves la suerte de que la decisión de la mesa de frenar el concurso responde únicamente a cuestiones de procedimiento, particularmente el error de los tres concursantes, los tres, de introducir en el sobre número dos sus ofertas económicas, en vez de haberlo hecho en el sobre número tres.

El concurso, no obstante, está recurrido ante la jurisdicción contencioso-administrativa por los mismos motivos que han conducido a su paralización cautelar. Sin que haya que descartar que algunas de las actuaciones que se han producido a su alrededor estén en manos de la Fiscalía de Canarias.

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