Afonso reconoce la falta de medios humanos y materiales en la administración de Justicia canaria
El consejero regional de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, ha reconocido este miércoles que en la administración de Justicia faltan medios humanos y materiales, como se dice en todas las memorias judiciales, y señaló que esa carencia tiene relación con la financiación por parte del Estado.
Durante una comparecencia parlamentaria para hablar de los objetivos y planes de actuación de su departamento durante la novena legislatura, Aarón Afonso recordó que en el pasado pleno del Parlamento de Canarias todos los grupos estuvieron de acuerdo en que es preciso modificar el sistema de financiación.
Un sistema de financiación que afecta a la administración de Justicia, dijo el consejero, quien insistió en que el Gobierno de Canarias apuesta por la modernización judicial.
Aarón Afonso apostó por avanzar tanto en la modernización y simplificación de la administración autonómica como por mejorar la transparencia y la calidad democrática, y también dijo que la sociedad reclama mejoras tanto en la eficacia como en la eficiencia, y en este aspecto abogó por impulsar la transparencia.
El objetivo último de la transparencia, según el consejero, no es solo ofrecer información, sino recuperar la confianza de la sociedad en su administración y reforzar los mecanismos orientados a asegurar una gestión más clara donde la corrupción y la opacidad no tengan cabida, lo que conlleva la mejora de la gobernanza.
El diputado del grupo Popular Emilio Moreno dijo que el Gobierno de Canarias incumple la ley de transparencia por cuanto no hace público el orden del día de las reuniones del Consejo de Gobierno antes de sus reuniones, a lo que el consejero respondió que toma nota para que se haga público.
La diputada del grupo Mixto Melodie Mendoza, de ASG, centró su intervención en las medidas para luchar contra la violencia machista, y María Esther González, de Nueva Canarias, opinó que los problemas al inicio de esta legislatura son los mismos que al término de la anterior y criticó que descienda el presupuesto para luchar contra las desigualdades.
María Concepción Monzón, de Podemos, reclamó un pacto de Estado para luchar contra la violencia machista, y además de pedir que se cumpla la ley de memoria histórica porque es un derecho básico que se puede enterrar a los familiares fallecidos como consecuencia de la guerra civil, habló de una justicia lenta y poco eficaz.
El diputado del grupo Popular Emilio Moreno exigió la inmediata devolución de la parte proporcional de paga extra de los empleados públicos, correspondiente a 2012, y que no se retrase mediante “tecnicismos” administrativos.
El consejero respondió que el Gobierno de Canarias ha cumplido desde el primer momento y tiene que aprobar una ley de crédito extraordinario.
Ley de transparencia para recuperar la credibilidad
Ignacio Lavandera, portavoz del grupo Socialista, indicó que con la ley de transparencia esté en juego recuperar la credibilidad en los políticos y el diputado del mismo partido Gustavo Matos abogó por colaborar con las juntas arbitrales para resolver conflictos, mientras que la también socialista Ventura del Carmen Rodríguez pidió que se refuerce la red canaria de actuación en casos de violencia machista.
Socorro Beato, de Coalición Canaria, consideró ineludible mejorar el autogobierno en justicia, para lo que dijo que es preciso asumir competencias en materia de personal, y apostó por avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres.
El consejero manifestó asimismo que su departamento tiene como metas la simplificación administrativa.
Para lograr una administración más eficaz, añadió el consejero, se busca revisar la regulación de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma por medio de la futura Ley de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública y de las entidades instrumentales.
En esa ley se establecerán las peculiaridades del hecho insular en lo referido a los organismos, entes, consorcios, sociedades mercantiles públicas y fundaciones públicas, así como fortalecer la cooperación interadministrativa y establecer el límite a la creación de nuevas entidades, añadió Aarón Afonso.
Además, el consejero prevé necesario aprobar una nueva Ley del Gobierno a fin de actualizar su régimen y funcionamiento y la regulación de las figuras del presidente y el Ejecutivo y seguir avanzando en el ajuste competencial con el fin de alcanzar servicios más cercanos a la sociedad.
Ello, señaló el consejero, implica favorecer la descentralización de competencias porque lo mejor es que las decisiones sean tomadas lo más cerca posible de la ciudadanía, un proceso que contará, “por supuesto”, con la colaboración de cabildos y ayuntamientos.
El consejero destacó asimismo la importancia de regular el sistema de empleo público dentro de las limitaciones que impone el control del gasto, por lo que se impulsará la elaboración de una nueva Ley de Régimen Jurídico de Personal del Servicio Público que regule el personal directivo profesional en un nuevo modelo que respete la autonomía de las unidades administrativas y que incluya compromiso e incentivos.
Nuevo plan de inversión de infraestructuras judiciales
En cuanto a la administración de Justicia, dijo que la prioridad es lograr que sea más eficaz y eficiente, por lo que habrá un nuevo plan de inversión de infraestructuras judiciales para ocho años y que debería incluir las necesidades de los partidos judiciales de Canarias.
Reivindicó que se mantengan los juzgados de Paz, la modernización de la oficina judicial y fiscal, avanzar en la e-Justicia con la apuesta por el expediente electrónico judicial y la mejora de la calidad de los servicios en materia de medicina forense, los equipos técnicos psicosociales, los servicios periciales y los traductores e intérpretes forenses.
También se quiere promover un plan de formación para acceder a la Administración de Justicia que facilite que más residentes canarios preparen las oposiciones en este campo, lo que daría más estabilidad a los juzgados del Archipiélago.
En cuanto a la memoria histórica, Aarón Afonso defendió que los familiares de las víctimas obtengan una respuesta sobre sus parientes muertos en la Guerra Civil y los años posteriores de la represión, para lo que, a su juicio, hay que garantizar la financiación de los gastos dentro de la disponibilidad presupuestaria.
Respecto a la violencia machista afirmó que es el símbolo más brutal de la desigualdad y por ello se buscará el cumplimiento efectivo de la Estrategia Canaria de Igualdad; además de impulsar los planes insulares en esta materia, reforzar la actuación del Instituto Canario de Igualdad y promover la representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos del Gobierno.
El Gobierno quiere consolidar la Red Canaria de Servicios de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género para que ninguna quede sin atención, racionalizando los recursos y mejorando su impacto.
