La diputada 'popular' Águeda Fumero, imputada por prevaricación administrativa
La diputada nacional por el PP, Águeda Fumero, ha sido citada a declarar el próximo 7 de febrero por el juez del juzgado de Instrucción 4 de Arona, imputada en un presunto delito de prevaricación administrativa. Dada su calidad de aforada, su declaración, presumiblemente, tendrá que llevarse a cabo ante el Tribunal Supremo.
Además de Fumero, que también es coordinadora del PP en el sur de Tenerife, han sido citados como imputados otros 14 cargos y ex cargos del Gobierno de Arona en 2008, cuando se aprobó el Plan en sesión plenaria, pero sustancialmente modificado con respecto al documento al que había dado el visto bueno la COTMAC dos años antes, si bien señaló algunos reparos que se debían de subsanar.
La jefa del servicio jurídico del Ayuntamiento informó antes de la votación que Plan general podría incurrir en ilegalidad por haber sido modificado (incluía nuevas recalificaciones) sin exponerlo de nuevo a información pública, e igualmente Francisco García Santamaría, que entonces era el portavoz municipal del PSOE, advirtió a los concejales que votar a favor de ese PGOU alterado les podría suponer la comisión de un delito.
Este caso es el conocido como 'Caso Arona 2', que se instruye como una pieza separada del caso Arona 1, aunque supone la continuación en el tiempo de la forma presuntamente delictiva con que el alcalde nacionalista, José Alberto González Reverón, ha gestionado el Ayuntamiento de esa localidad sureña, la tercera en importancia económica de Tenerife, y que ha denunciado el abogado Felipe Campos.
La providencia dictada por el juez Evaristo González González, y a la que ha tenido acceso CANARIAS AHORA, ordena que se libre oficio a la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias, a fin de que se remita al juzgado la relación de asistentes a la reunión que tuvo lugar en la sede de esa Dirección entre representantes de Urbanismo, del Ayuntamiento de Arona y del equipo redactor del PGOU.
Esa reunión, que tuvo lugar en 2009, tenía por objeto conocer si la documentación presentada por el Ayuntamiento subsanaba las deficiencias señaladas en el oficio de la Dirección General de Urbanismo.
Concejales de CC y del PP
El juzgado de instrucción 4 de Arona va a ser un desfile de cargos y ex cargos. Los imputados llamados a declarar los próximos 6 y 7 de febrero son todos los concejales de PP y CC que votaron en el Pleno, ya que los concejales socialistas se abstuvieron salvo uno, José Antonio Reverón (ahora es concejal de Ciudadanos por Arona), que votó en contra.
Por parte del PP, aparte de Agueda Fumero, han sido citados José Agustín Sierra Fumero y José Esteban Alayón González, que deberán declarar el próximo 7 de febrero. Ese mismo día declararán también Martina Melo Melo (CC); María Pérez Pérez (CC), concejala de Servicios Sociales; Ángel David Herrera González (CC), concejal de Turismo; Dácil María García Marcelino (CC), concejal de Comercio, y Pedro Antonio Cabeza González, del CCN-CAN.
Igual de densa promete ser la jornada anterior, 6 de febrero, fecha en la que deberán declarar Antonio Sosa Carballo (CC), ex concejal de Urbanismo y en la actualidad concejal de medio Ambiente y segundo teniente de alcalde; María Candelaria Padrón González (CC), concejal de Hacienda; Miguel Ángel Méndez González (CC), concejal de Cultura; Jesús Ramón García Hernández (CC), concejal de Obras; Antonio Miguel García Marichal (CC), ahora consejero insular del Cabildo de Tenerife y en su momento concejal de Nuevas Tecnologías; Francisco Enrique Toledo Hernández (CC), concejal de Deportes y Manuel González Reverón (CC), concejal de Policía, y primo del alcalde.
Por este caso ya han declarado como imputados José Alberto González Reverón y Manuel Barrios, que como Cabeza González, es concejal en la corporación por CCN-CAN.
Según explica el periodista Félix Rojas en su web www.eldigitaldecanarias.net, el magistrado también ha librado un oficio para que se le remita toda la documentación relativa al PGOU y que declare como testigo, el 8 de febrero, la que en 2008 era jefa de los servicios jurídicos municipales Manuela Melo Padilla.
Esperar a que acabe la fase de instrucción
Por su parte, el autor de la denuncia que ha dado lugar a este Caso Arona 2, Felipe Campos, señaló a este periódico que “lo lógico” es que el juez agote toda la fase de instrucción y recabe todas las pruebas para que decida sobre el aforamiento de Águeda Fumero.
“En principio, la condición de aforada de esta diputada regional no tiene por qué suponer ningún obstáculo en el procedimiento, ni ningún retraso en la causa. El magistrado decidirá cuando haya concluido la fase de instrucción y después ya se verá”.
