Arcila exige que Lerena devuelva el dinero ilícito
El concejal de la formación política Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Arcila ha pedido al grupo de gobierno a través de una nota de prensa que cumpla lo acordado en el pleno de la Corporación y exija al empresario Juan Antonio Sánchez Lerena que devuelva el dinero que recibió del consistorio de manera ilícita.
La petición se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción concluyese su investigación y determinase que existió un presunto delito de cohecho por parte del empresario y de un funcionario del Ayuntamiento de Santa Cruz, Pedro Álvarez, para los que pide penas de prisión de un año para cada uno de ellos. Arcila recuerda que el pleno acordó en su día, a instancias de Sí se puede, que si de la investigación de la Fiscalía se concluía que hubo un presunto delito, se procedería a reclamar a Lerena el dinero cobrado de manera indebida entre los años 2002 y 2009.
El total facturado por obras menores en ese periodo asciende a unos dos millones de euros, de los cuales restarían por abonar 115.000 euros que Arcila exige que nunca se hagan efectivos.
El conocido como caso Lerena llegó a la Fiscalía tras una denuncia de Arcila al tener conocimiento de que el Ayuntamiento consintió la presencia, durante años y de manera ininterrumpida, de una trabajadora de la empresa Juan Antonio Sánchez Lerena en las oficinas de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz. Esta empleada desempeñaba labores de auxiliar administrativa en el organismo autónomo y tenía acceso directo y previo a la publicación de todos los trámites para la adjudicación de los contratos administrativos que celebra el Ayuntamiento, algunos de los cuales recayeron en la empresa para la que ella misma trabajaba.
“A pesar de que la empleada no prestaba servicios efectivos para la empresa de Lerena, percibía salarios de esa entidad. Esta manifiesta y prolongada irregularidad solo puede tener como causa los beneficios fraudulentos que le reportaba al empresario que una trabajadora a su cargo realizara su trabajo habitual en la Gerencia de Urbanismo y más concretamente interviniendo en la contratación administrativa con terceros”, mantiene el concejal.
En el escrito de la Fiscalía se refleja que el empresario pagaba el salario en efectivo al funcionario que luego se lo hacía llegar a la trabajadora. También se indica que Lerena aceptó a que ésta desempeñara sus funciones en la Gerencia por miedo a que no se le volviera a adjudicar ningún contrato.
