Primero Canarias acredita que el Tribunal de Cuentas investigará presuntas irregularidades contables en el Ayuntamiento de Guía

Juntos por Guía–Primero Canarias ha acusado este martes al alcalde de Santa María de Guía, Alfredo Gonçalves (PSOE), de mentir “de forma consciente y premeditada, con la intención de engañar y confundir a los vecinos sobre las graves irregularidades detectadas en su gestión económica”.

Así de contundente se ha manifestado la formación a través de un comunicado, el principal grupo de la oposición, que critica “con rotundidad” la nota de prensa desinformativa difundida este lunes por el grupo de gobierno municipal.

Según Juntos por Guía, el alcalde habría avalado la gestión económica del actual grupo de gobierno en el municipio, tras el reciente auto emitido por Tribunal de Cuentas en relación a la existencia de presuntas irregularidades contables en el Ayuntamiento.

En la nota se llegaba a afirmar que la resolución del Tribunal de Cuentas subrayaba que las actuaciones habrían seguido la normativa vigente y en ningún caso habrían producido perjuicio para el patrimonio municipal, resultando “favorable al Ayuntamiento”, lo que constituye un “respaldo institucional a la gestión ejercida, así como a la posición jurídica defendida por el alcalde y sus compañeros en las labores del gobierno municipal”.

Sin embargo, Juntos por Guía asegura que no tiene “nada que ver con la verdad”. El partido indica que el auto del pasado 20 de noviembre de 2025 el Tribunal de Cuentas lejos de archivar la denuncia, ha acordado elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento y nombrar Instructor para que se practiquen las diligencias, en coincidencia con el criterio del Ministerio Fiscal, respecto de las presuntas irregularidades cometidas por el actual grupo de gobierno municipal de Santa María de Guía en la realización de hasta trece pagos sin haberse acreditado la correcta realización de las prestaciones contratadas.

“La resolución del Tribunal de Cuentas sólo desiste de continuar el procedimiento relativo a las presuntas irregularidades administrativas –la formalización de los contratos después de haberse efectuado el servicio o la vulneración del régimen de incompatibilidades– porque, aunque hubieran podido causar perjuicios al patrimonio público, no son objeto de su competencia”, subraya la formación.