Canarias desoye al CES y acelera la ley

Salvador Lachica / Salvador Lachica

El Gobierno canario no hará caso de las objeciones que el Consejo Económico y Social (CES) hizo a principios de agosto al anteproyecto de modificación de la Ley de Vivienda, promovido por la consejera del área, Inés Rojas.

“Ahora es aún más acuciante que antes y seguiremos adelante con la modificación, no debemos pararla, porque es necesario evitar los desalojos de sus casas de las personas desahuciadas y, además, hay que sacar al mercado todas las viviendas vacías que existen en Canarias”, ha asegurado Rojas al término del Consejo de Gobierno.

Por tanto, y pese al informe negativo del CES, Rojas llevará el texto al próximo Consejo de Gobierno para que sea remitido al Consejo Consultivo por la vía de urgencia y así poder comenzar la tramitación parlamentaria de forma urgente. “Si tardamos más, no llegaremos a tiempo de solucionar el problema”, ha insistido.

Poco consistente

Como se recordará, el dictamen que emitió el CES afirmaba que el anteproyecto presentaba un “escaso aporte de conocimiento de la realidad, poco consistente y eficaz”.

El CES considera que el texto del Ejecutivo contiene una serie de medidas similares a las previstas en el Decreto-Ley de la Junta de Andalucía que ha sido suspendido recientemente por el Tribunal Constitucional (TC) y que sería conveniente que el Gobierno esperase por la decisión del alto tribunal, “a efectos de una posible ratificación de la suspensión de la norma o de un posible levantamiento de la misma”.

Sin embargo, Rojas ha insistido en que “con independencia de lo que diga el TC, debemos comenzar a expropiar durante tres años el uso, que no la propiedad, de las viviendas de las personas desahuciadas de todas aquellas que estén en manos de entidades jurídicas”.

Además, Rojas ha asegurado que será durante la tramitación parlamentaria cuando el anteproyecto sufra modificaciones, si es necesario, porque el gabinete no va a modificar ni una coma antes de su remisión a la Cámara, diga lo que diga el CES y el propio Consultivo.

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