Canarias inicia la tramitación de los Presupuestos de 2026 y ya empieza a hablar de “incertidumbre”

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes las directrices de elaboración del presupuesto de la Comunidad Autónoma de 2026, unas cuentas que volverán a estar marcadas por un grado de incertidumbre “muy elevado”. Así ha sido desde que la consejera Matilde Asián, del PP, llegó al cargo de consejera de Hacienda en 2023, y desde entonces no ha dejado de aferrarse a esa “incertidumbre” para justificar, entre otras cosas, no acometer la bajada del IGIC que prometieron tanto su partido como Coalición Canaria durante la campaña electoral. Cabe recordar que el único impuesto que ha bajado el Gobierno de CC-PP es el de Donaciones y Sucesiones, que benficia a apenas 6.000 isleños que reciban herencias de más de un millón de euros.

En esta ocasión son las “tensiones geopolíticas” por diferentes conflictos bélicos como el de Ucrania o en Oriente Próximo, a lo que se suma la “incertidumbre” propia de no disponer de unas magnitudes actualizadas por parte del Gobierno de España, según explicó la consejera.

Pese a que el ejecutivo canario le va “cogiendo maña” a eso de hacer sus cuentas en un escenario de “incertidumbre”, ha recalcado que trabajar sin tener definidas las entregas a cuenta, la senda de consolidación fiscal o el techo de gasto obligan a “un esfuerzo notorio”, algo que el Gobierno de Canarias asume “pensando en los canarios”, según ella, y en aportar una “seguridad institucional”, ha subrayado Asián, quien ha insistido que las cuentas de 2026 se harán tomando como referencia datos de 2023 elaborados “por otro Gobierno” central.

De acuerdo con esos datos, ha proseguido, la regla de gasto para el año que viene será del 3,3, aunque ha expresado su confianza en que el ordenamiento jurídico español incorpore las nuevas reglas de gasto europeas, que son “más flexibles”.

Además, el informe de la Abogacía del Estado que Madrid remite a las comunidades autónomas obliga a estas a tener un superávit del 0,1%, “pero oficialmente no sabemos nada”, se ha quejado Asián.

Respecto a las entregas a cuenta, ha afirmado que “si no nos da la información quien nos la tiene que dar, lo tenemos que calcular nosotros”.

Sea como fuere, las cuentas de la Comunidad Autónoma para 2026, ha recalcado Matilde Asián, se regirán por dos premisas fundamentales: “Poner al ciudadano en el centro y dotar a los servicios básicos como la educación, la sanidad o el bienestar social”.

Ha avanzado que la previsión de su departamento es aprobar antes del 1 de agosto la orden que definirá las cantidades que recibirá cada consejería; y que la idea es presentar “en tiempo y forma” el proyecto de presupuesto al Parlamento de Canarias.

La consejera ha expresado, por último, su preocupación por las repercusiones que podría acarrear para Canarias el compromiso de España ante la UE de disminuir los beneficios fiscales para en contrapartida recibir nuevos fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

La peor ejecución presupuestaria en 12 años

La consejera de Hacienda también se escudó en la “incertidumbre” para justificar que su Gobierno haya dejado más de 1.300 millones de los presupuestos sin ejecutar en la que es la peor cifra en 12 años. Esa cantidad es más que la suma de todos los presupuestos iniciales de 2024 para las consejerías de Bienestar Social e Igualdad, y Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, más el acumulado de los mismos componentes de los institutos canarios de la Vivienda y de Igualdad.

Según la consejera, fue también la “incertidumbre” por la falta de presupuesto estatal el año pasado y la prórroga del presupuesto de 2023 el motivo por el que el Gobierno canario resolvió así sus cuentas.

Para la oposición, sin embargo, es “una excusa más”. Según recordó el PSOE el pasado abril, cuando se conoció la cifra de inejecución presupuestaria, los 1.329 millones de euros sin ejecutar en 2024 superan a los 1.089 millones no ejecutados en 2023, así que se trata del “gobierno más caro y al mismo tiempo el más ineficiente, con el peor grado de ejecución presupuestaria de los últimos doce años”.