Una exconcejal de CC hace el “examen perfecto” y obtiene una plaza de funcionaria en Puerto del Rosario
Las oposiciones a auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario han sido recurridas en los tribunales por posibles irregularidades en los ejercicios y tras comprobar que una exconcejal de CC ha obtenido la nota máxima, según ha denunciado el Partido Popular.
En un comunicado el PP señala que las personas que han denunciado alegan en un escrito presentado en el Ayuntamiento que “el supuesto práctico no se ajusta ni al temario específico ni a las funciones propias de la plaza, excediendo y exigiendo el Tribunal conocimientos jurídicos”.
Además, los opositores cuestionan la valoración efectuada por el tribunal que exigían que se citaran “preceptos legales para alcanzar la máxima puntuación”.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Carlos Figueroa, se ha sorprendido porque “la buena suerte siempre esté del lado de dirigentes de CC y de sus familiares o de, en este caso, asesora de la Alcaldesa de La Oliva mientras que los trabajadores sin afiliación política se quedan sin plaza y en la calle”.
Según el partido conservador los recurrentes de este proceso, en la demanda presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, han solicitado como medida cautelar “la suspensión del acto administrativo de toma de posesión de los opositores hasta que la justicia no resuelva”.
Por último, Figueroa ha recordado que el alcalde de la capital majorera, Marcial Morales, “arriesga a la corporación municipal una vez más a hacer frente a indemnizaciones millonarias como ocurrió recientemente con una trabajadora social a la que ha tenido que indemnizar con 100.000 euros de todos los vecinos”.
En el escrito presentado por los recurrentes advierten al Alcalde y a la concejala de personal que se podría estar cometiendo un delito de prevaricación penado por el artículo 404 del Código Penal: “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”.
