CC y PP sostienen que no se puede cumplir el fallo sobre Las Teresitas
Chapuza jurídica y disparate legal
“No defendemos a empresarios privados”
Dimisión del alcalde
Rivero insistió en que la devolución de las fincas es posible porque no están alteradas y destacó que se silencia que la modificación del planeamiento traslada el aprovechamiento lucrativo al Valle de Huertas, por lo que consideró que ya se ha compensado a los empresarios. “No se realiza un informe para defender al pueblo de Santa Cruz y si la empresa vendedora quiere, que vaya a los tribunales. Esto es una perversión y una tergiversación jurídica. Señor Zerolo: debería plantearse marcharse por el bien de la ciudad. Debería plantearse su dimisión”.
Por último, calificó el informe como “un atentado contra los intereses generales del pueblo de Santa Cruz” y recordó que es el pleno el que tiene capacidad de decisión, y no se tiene por qué seguir literalmente el informe del servicio jurídico porque “es una propuesta” que hace a los concejales.
Ángel Isidro Guimerá afirmó que no se quiere reconocer los errores que ha habido en este proyecto y coincidió con Rivero en que el informe “parece defender los intereses de los empresarios”. Guimerá diferenció las responsabilidades políticas que no se han asumido “y que siempre que pedimos la dimisión del alcalde, se ríe” y las de tipo jurídico. En este sentido, aludió a que en junio se pudo haber planteado lo mismo que se ha hecho este martes “si había dudas sobre cómo ejecutar la sentencia”.
Por ello, calificó la situación como “manifiesto abuso del derecho o fraude de ley” la presentación de un incidente el último día hábil antes de agosto, lo que a su juicio es “insólito”, porque se plantea tres días antes de que concluya “el plazo de ejecución forzosa, porque las sentencias se cumplen en los diez primeros días después de recibir la notificación”. La sentencia, recordó, hay que cumplirlas en sus propios términos, es decir devolver las parcelas y cobrar el valor de lo pagado más los intereses legales. Por último, advirtió que los concejales incurren en responsabilidad civil y penal en sus votaciones y que deben acatar las sentencias de los tribunales.
