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Cuatro comunidades de propietarios se movilizan contra la gestión del jefe de Vox en Las Palmas

Se amplía el círculo de damnificados del administrador de fincas Moyano Fabián, convocados a una reunión informativa en los apartamentos Green Sea de El Veril

Propietarios de complejos turísticos y edificios de viviendas reconocen el mismo modus operandi: dividir a las juntas, captar a directivos contratándolos y blindarse después en comunidades bicéfalas cuando una mayoría pretende expulsarlo

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Líder de Vox en Las Palmas, José Luis Moyano Fabián.

Líder de Vox en Las Palmas, José Luis Moyano Fabián.

Se amplía el círculo de damnificados del presidente de la Ejecutiva de Vox en Las Palmas de Gran Canaria y portavoz provincial, José Luis Moyano Fabián, por su polémica gestión como administrador de fincas y secretario de comunidades de propietarios en complejos turísticos y edificios de viviendas de Gran Canaria.

Las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana por presunta apropiación indebida, administración desleal, falsedad y coacciones de Moyano en unos apartamentos turísticos del sur de la isla ha alertado a otras comunidades de propietarios, al ver reflejado el mismo proceder de Moyano Fabián como administrador de fincas en las suyas.

Tanto que la reunión informativa convocada para este sábado por los promotores de la denuncia admitida a trámite, propietarios de los apartamentos Green Sea en la playa de El Veril, ha atraído a otras comunidades afectadas por la gestión del jefe de Vox en Las Palmas. Al menos cuatro grupos de propietarios más han confirmado su asistencia a la reunión, en la recepción de los Green Sea este sábado a las 10:30.

Se trata de complejos turísticos del sur de la isla, de urbanizaciones de viviendas en la ciudad y de apartamentos en la playa de Las Canteras de la capital isleña. Son directivos y propietarios de las comunidades Dunaflor Verdes, en el campo de golf de Maspalomas; Los Naranjos, en Las Canteras; Los Ruiseñores, en el barrio de Las Rehoyas de la capital grancanaria o Playmar, también en Maspalomas.

En el caso de Los Naranjos, por ejemplo, el presidente de su junta directiva, José Miguel Ojeda, relataba esta semana en Radio Las Palmas cómo el modus operandi descrito en la denuncia publicada por Canarias Ahora el sábado pasado se parece demasiado al conflicto que mantiene su comunidad con Moyano Fabián. “Un cero en transparencia en la administración de fincas”, dijo. “Derramas que se presentan sin presupuestos ni nada”, “y nunca responde a nuestros requerimientos”.

Según denuncian los propietarios de Green Sea, y el mismo presidente de la junta de Los Naranjos reconoce como un modo parecido en su comunidad, la hoja de ruta de Moyano Fabián sería bien sencilla: acceder a comunidades como secretario y administrador de fincas, “ganarse el beneplácito de la directiva con contratos” a cuenta de la comunidad, ya sea colocando a un hijo de conserje o a la empresa de limpieza o mantenimiento del padre de un directivo, sin la aprobación formal de la junta de propietarios. Y a partir de ahí, máxima opacidad.

Hasta que estalla el conflicto. Ha sucedido en los apartamentos Green Sea, que ya ha abierto la vía penal, y está a punto de explotar en Los Naranjos. Su presidente clama porque el administrador y líder de Vox les devuelva la documentación de su comunidad, con todas sus cuentas. “Cuando vas a sus oficinas te tratan al trancazo: ¿qué hace este ganado aquí?, llegaron a decirnos” esta semana, cuando volvieron a exigir la entrega de la documentación después de que los propietarios decidieran en una junta convocada el 18 de enero acabar la relación con Moyano.

Es entonces cuando surge la bicefalia. Una junta elige una nueva directiva, y como respuesta, el secretario y administrador de fincas maneja las actas, convoca otras juntas “de continuación” y mantiene a la directiva saliente. En el caso de Green Sea, un juzgado de primera instancia le ha blindado en la comunidad con unas medidas cautelares hasta resolver qué junta es la legítima. Así llevan desde enero pasado. Y a esas medidas cautelares se agarra Moyano cuando, en respuesta a este diario el lunes, sostiene que gana todas sus demandas a los comuneros “disidentes”.

En su denuncia, los propietarios de Green Sea advierten que Moyano amenaza con fingir robos en sus oficinas antes que entregar las cuentas, cuando se le exija por parte de un juez. Le sucedió a la junta directiva entrante de Dunaflor Verdes, que no pudo acceder a toda la documentación porque el jefe de Vox denunció ante la Policía haber sufrido un atraco en sus propias oficinas antes de ser destituido.

Este y otros casos son los que se pondrán este sábado en común, con la experiencia de Green Sea ya en la vía penal. Porque sobre derramas de importes considerables sin tener presupuestos cerrados o proyectos de obra visados, “metiendo miedo a los propietarios” con cortes de luz o sanciones administrativas; o actas alteradas a su conveniencia para modificar la realidad, según la denuncia de propietarios de Green Sea, también se ve reflejada en la comunidad de Los Naranjos. “En un de sus actas figura como asistente una persona fallecida”, dijo el presidente.

La versión de Construplan

Los denunciantes de Green Sea han relatado al juzgado de instrucción que una de las principales irregularidades que a su juicio ha cometido Moyano Fabián es una millonaria derrama para acometer obras en las zonas comunes del complejo. En junta de propietarios se aprobó en noviembre de 2017 un presupuesto de unos 2,1 millones de euros, pero en el contrato firmado con la constructora Construplan figuran 400.000 euros menos, 1,7 millones de euros.

A día de hoy la obra no ha comenzado por todo el conflicto desatado, aunque desde noviembre de 2017 la comunidad administrada por Moyano Fabián comenzó a cobrar la millonaria derrama, a razón de una media de 550 euros al mes. El plazo se iba a alargar 12 meses, hasta noviembre pasado, pero con la elección de una junta nueva que en enero empezó a cuestionar todas las gestiones de la anterior, Moyano y su junta decidieron anular esa derrama en mayo pasado.

La constructora Construplan, por su parte, ha declarado formalmente que no tiene nada que ver con esas presuntas irregularidades descritas en la denuncia. En una nota de rectificación remitida esta semana, el administrador único de Construplan, Construcciones y Planificación SL, Santiago Quintana González, sostiene que “el contrato de ejecución de obras de importe 1,7 millones mencionado no ha sido ejecutado por motivos totalmente ajenos a Construplan. El importe facturado y cobrado a la comunidad por tal concepto asciende a cero euros”.

También sostiene que “esta mercantil es ajena a cuestiones que son de competencia exclusiva de la Junta de Propietarios, como son la adopción de acuerdos, el establecimiento de derramas o la justificación del destino de las mismas”. Y sobre la investigación abierta por el mismo juzgado al vocal de la directiva controlada por Moyano Fabían e ingeniero de Construplan dice su empresa que “también es ajena a las actividades que con carácter privado ejerzan sus empleados, siempre y cuando se realicen con estricto cumplimiento a la relación contractual que los vincula”.

Considera por eso Construplan que es “una elucubración malintencionada mencionar a esta empresa en la supuesta comisión, por terceros, de hechos delictivos con la simple argumentación de que existe una diferencia entre una derrama y un contrato no ejecutado (y un inexistente pago a esta sociedad)”, tal y como recoge la denuncia admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, que ha incoado las diligencias previas 1411/ 2018 para esclarecer los supuestos delitos por los que también se señala a su ingeniero empleado y vocal de la junta.

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