Condena de 64.000 euros por contar el tongo del Universidad-Cádiz
La estabilidad económica de CANARIAS AHORA ha quedado seriamente dañada a causa de la ejecución de una condena en firme contra tres periodistas de la casa y la anterior editora del medio, Virtual Press SL, por haber contado en julio de 2003 el amaño de un partido de fútbol entre el Universidad de Las Palmas de Gran Canaria CF y el Cádiz CF.
El Tribunal Supremo ratificó en julio pasado, ocho años después de los hechos, la condena al director del periódico, Carlos Sosa, y los redactores Alexis González y Martín Alonso, a pagar 8.000 euros a cada uno de los ocho futbolistas del extinto Universidad que en diciembre de 2004 demandaron a los periodistas por intromisión en su honor.
Nada más notificarse la sentencia definitiva, en septiembre, e instar desde octubre los futbolistas la ejecución de la misma, la actual editora de CANARIAS AHORA, Clan de Medios, ha intentado recabar el total del dinero adeudado a los jugadores, e incluso acercamientos a los mismos para cerrar un calendario aplazado de pago de los 64.000 euros más las costas judiciales -en total, casi 75.000 euros- que deben hacer frente los tres periodistas.
Dado que las gestiones han resultado infructuosas, la editora se ve en la tesitura, para evitar el cierre del periódico cuyo plan de viabilidad para 2012 ha incluido dolorosos despidos de profesionales como Juan García Luján o Francisco José Ramírez, de solicitar a sus lectores, mediante la apertura de una cuenta corriente, su apoyo económico para costear la cuantía de la condena y evitar así el hundimiento definitivo de la cabecera digital decana de las Islas y su emisora de radio.
En apenas dos meses, desde las primeras notificaciones de embargo a cuentas corrientes y bienes personales de los periodistas condenados, la celeridad del procedimiento ejecutorio contra CANARIAS AHORA ha obligado a la empresa editora ha redirigir sus esfuerzos económicos, en plena crisis generalizada en todos los medios de comunicación, a tapar un inmenso agujero de 75.000 euros del que no dispone en estos momentos para frenar los embargos personales ya en marcha.
El dinero que se ingrese a través de esta cuenta corriente se destinará única y exclusivamente a cubrir el pago íntegro de la condena, dada la nula predisposición de los demandantes de llegar a un acuerdo.
Los jugadores José Ojeda, Vilaseca, Moisés Trujillo, Francis Santana, Jonathan Torres, Pachi, David Medina e Ibrahim reclamaron en su escrito de demanda inicial 45.000 euros para los cuatro primeros y 30.000 euros para los cuatro restantes, que en la sentencia ya firme quedaron reducidos a 8.000 euros para cada uno.
Fuentes dañinas y llenas de animadversión contra el club
El Supremo ha avalado la teoría del JPI 2 de LPGC y la Audiencia de que la información publicada carecía de veracidad, al sostenerse en fuentes -un agente FIFA y tres jugadores del club confirmaron a CANARIAS AHORA el tongo- consideradas por los magistrados como dañinas y llenas de animadversión contra el club presidido entonces por el magistrado Francisco José Gómez Cáceres por no haberle renovado sus contratos. Los periodistas nunca revelaron los nombres de las fuentes internas del Universidad que confirmaban el cobro de 210.000 euros por no ganar al Cádiz y facilitar su ascenso a la Liga Profesional.
De este modo, la condena de 64.000 euros a CANARIASAHORA se fundamenta en la invalidez de las fuentes no reveladas por el periódico por una presunta animadversión de estas hacia la entidad colegial. Juzgaron los magistrados en los procesos anteriores ahora avalados por el presidente de la Sala de lo Civil del Supremo, Juan Antonio Xiol Ríos, que los periodistas de la sección de Deportes -debieron informarse en otras fuentes no contaminadas.
Gómez Cáceres nunca fue a declarar pero vio un partido ''rarito''
Las informaciones publicadas en la semana del 14 al 18 de julio de 2003 -el partido se celebró el 29 de junio anterior- se sustentaban en los detalles confirmados por el agente FIFA y los tres futbolistas, que cuantificaron en 210.000 euros el pago procedente de un empresario de Cádiz, no ligado al Consejo de Administración del club andaluz, y en un reparto desigual entre la plantilla de jugadores, con mayores cantidades para los capitanes del equipo azulino. Algunos de estos, citados en las informaciones, no llegaron a presentar demanda, como tampoco lo hizo el Cádiz CF, que también la anunció en julio de 2003.
En aquellas fechas, el propio presidente, Francisco José Gómez Cáceres, llegó a declarar en una charla-coloquio en el Club Prensa Canaria tener pleno convencimiento de que el partido había sido amañado. “Tengo la certeza de que ha pasado algo. Mentiría si dijera que no percibí algo extraño antes del partido, durante la semana previa. Estoy convencido de que hubo tongo, el segundo tiempo fue rarito”, manifestó el juez.
A pesar de estas manifestaciones públicas del expresidente del club ya disuelto, Gómez Cáceres nunca acudió a declarar en todo el proceso. La defensa de los periodistas requirió su presencia en calidad de testigo para ratificar en sede judicial su convencimiento público. En una primera instancia llegó a alegar su desconocimiento del domicilio del juzgado como excusa a su incomparecencia judicial. En segunda instancia, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial denegó a la defensa de los periodistas su testimonio.
Solo en la conferencia del Club Prensa Canaria se pudo conocer algo más de lo que pensaba el magistrado-presidente azulino: “El club no se ha llevado dinero, doy mi palabra de que no sabía nada”, dijo a los asistentes. “En años anteriores, cuando tuvimos el convencimiento de que el Elche intentó comprar a cuatro de nuestros jugadores, hicimos una rueda de prensa y no nos creyeron. Por eso ahora no lo hemos denunciado, para evitar el sonrojo”, explicó el juez del TSJC en julio de 2003. Diecisiete meses después, ocho de sus jugadores presentaron la demanda.
