Costas 'se come' la piscina y las pistas del chalet de Plasencia

El Tribunal Supremo (TS) acaba de emitir una sentencia firme por medio de la cual mantiene dentro del dominio público a varias propiedades situadas en Punta Larga en Candelaria entre la que se incluye el chalet del empresario Antonio Plasencia y más concretamente de casi 800 metros cuadrados en las que se sitúa su pista de tenis y piscina.

Otro tanto ocurre con sus vecinos Jorge Salcedo Lindell y José Amaranto Caballero, parte de cuyos solares en el futuro podrían ser ocupados en caso de que sigan adelante los planes para construir un paseo en este entorno y una nueva playa. Salcedo indica que en principio el primer recurso lo presentaron junto con Plasencia pero luego el promotor se desmarcó de este grupo y por lo tanto ahora tendrá que recurrir en solitario este fallo del Supremo.

El abogado de la Plataforma en contra de la aplicación de la Ley de Costas, José Ortega, es quien ha llevado este caso y ganó otro tramo de este deslinde de Punta Larga, pero, sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con este. “El señor Plasencia no quiso seguir con nosotros y no sabemos lo que habrá ocurrido, pero está claro que este fallo le afecta”, dice el letrado.

Lo cierto es que todos estos vecinos se verán perjudicados por la ejecución de un proyecto que, según Lindell, “es totalmente absurdo y no tiene ningún sentido”, como es el paseo y la futura playa. Este último recurrente indica que en contra de la opinión popular, “la sensación que tenemos es que Costas le tiene ganas” al empresario, Antonio Plasencia. Lo cual se demostraría con la ratificación de este tramo del deslinde del litoral que afecta a los tres chálets.

Los dos propietarios recurrieron a los tribunales al no estar de acuerdo con la resolución de Costas del año 2006 que fijó el tramo de costa de casi un kilómetro y medio. Los vecinos denunciaron diversas irregularidades como que no se les notificó este acuerdo y que incluso en el expediente sus propiedades aparecían como de titularidad “desconocida”. Y todo ello pese a que esta es su única residencia y, por lo tanto, consideran que sería muy fácil haberles notificado la resolución. Sin embargo, llaman la atención sobre el hecho de que sí se dio cuenta de esta orden al propio Plasencia y a una empresa que se ubica en la misma zona aunque nunca se personaron en las reuniones en las que se adoptaron las diversas resoluciones de Costas.

En cuanto al grueso de los argumentos que sin éxito utilizaron estos vecinos para hacer valer su punto de vista se indica que se cometieron errores de calado en cuanto que el nuevo deslinde no coincide con el fijado en el año 1969, que habitualmente es el que se suele utilizar como referencia para determinar el nuevo.

En el informe elaborado por el organismo estatal en el año 1998, se recogía que la propiedad de Plasencia y las otras dos invadían el dominio público e incluso eran calificadas de “ilegales”. Contradictoriamente, otra sentencia del año 2010 defendida por Ortega anuló otro tramo de este deslinde e incluso obliga a modificar el Plan General de Ordenación (PGO) de Candelaria. Sin embargo, ahora estos dos vecinos y Plasencia han visto como sus propiedades prácticamente anexas han quedado en situación de fuera de ordenación con la consiguiente pérdida de valor y limitación para la ejecución de obras, un hecho que atribuyen a un error cometido por Costas al “trasladar unos planos sobre otros”.

Tribunales

Pese a todo ello tanto la Audiencia Nacional primero como ahora el Supremo sostienen que no se han podido desmontar esta delimitación y reprochan que sólo se aporten como pruebas el testimonio de un vecino y la grabación del movimiento de las olas en un día determinado “sin que conste si se trataba o no de un temporal”.

Muy al contrario los tribunales sostienen que en este tramo del litoral no era necesario cambiar la delimitación de Costas ya que no existían razones para ello. Por si fuera poco los recurrentes además han sido condenados a pagar 3.000 euros en costas judiciales. Tomás González, portavoz de los vecinos de Cho Vito, también en Candelaria, cuyas viviendas están a punto de ser derribadas, indicó que esta sentencia demuestra una vez más “lo extraña” que bajo su punto de vista es la Ley de Costas y su particular aplicación en cada uno de los casos.