La cúpula de personal de LPGC no contesta a IC
El director de Gobierno de Presidencia, Seguridad y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Claudio Alberto Rivero, y el director general de Seguridad y Recursos Humanos , José María Cabrera, han prestado declaración este jueves en el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital como imputados por un presunto delito de tráfico de influencias en la adjudicación, por 62.790 euros, del contrato para la elaboración del Plan de Ordenación de personal del consistorio a la empresa Estrategia y Gestión Pública, administrada por Juan Fernando Fariña.
El interrogatorio a Claudio Rivero se ha prolongado durante 40 minutos y el de José María Cabrera, cerca de una hora. Ambos se han acogido a su derecho a no declarar a las preguntas formuladas por la letrada de Intersindical Canaria, que está personada en el proceso como acusación particular.
La sección del sindicato en el Ayuntamiento capitalino presentó una denuncia el pasado mes de septiembre al estimar que la cúpula de personal había podido incurrir en un delito de tráfico de influencias en el proceso que concluyó con la adjudicación del servicio de asesoría a la empresa de Fariña, quien, según IC, mantiene una relación profesional y de amistad con Cabrera.
El sindicato aportó en la denuncia una serie de documentos para acreditar el vínculo entre el adjudicador y el adjudicatario, entre los que figuraban anteriores contratos entre ambos en otras administraciones, su participación conjunta en la elaboración de un capítulo de un libro o la coincidencia en varias jornadas sobre la materia, entre ellas una organizada por el propio Ayuntamiento.
Los denunciantes también apuntaron en su escrito que la empresa de Fariña ya aparecía como adjudicataria en la propuesta de gasto firmada 20 días antes de cursar invitación a otras tres empresas en el procedimiento negociado por publicidad. La adjudicación siguió su curso pese a los reparos formulados en dos informes del servicio de Contratación.
José Manuel Rodríguez, coordinador de Intersindical Canaria y presidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha explicado que el sindicato intenta con esta denuncia “despejar las dudas” sobre la polémica adjudicación del servicio, ya que se daban “una serie de casualidades” que, a juicio de la organización, podían ser constitutivas de delito.
“No se puede permitir que la corporación del PP gaste 62.790 euros en una sesgada política de austeridad, más cuando hay personal municipal perfectamente cualificado para elaborar la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento”, sostiene el representante sindical, que no entiende la negativa de la cúpula de personal a responder a las preguntas de la acusación “si están convencidos de que todo el proceso es legal”.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha exhortado al Juzgado decano de Santa Cruz de Tenerife para que tome declaración a Juan Fernando Fariña, tercer imputado en la causa.
