Demócratas para el Cambio apremia a “acelerar y asegurar” la reforma electoral por el conflicto catalán
El conflicto político e institucional en Cataluña está generando inesperadas incertidumbres sobre el proceso de reforma del sistema electoral canario, lo que, en opinión del foro ciudadano Demócratas para el Cambio, debería llevar al Parlamento autonómico a acelerar y asegurar ya un nuevo modelo para que esté en vigor en las elecciones de 2019.
La ponencia del Parlamento de Canarias que estudia la reforma electoral ha llegado ya a algunos compromisos y avanza sin líneas rojas con la idea de que el nuevo sistema pueda acordarse cuanto antes, incluso en la próxima reunión de noviembre.
Pero en función de qué modelo se adopte finalmente, el nuevo sistema podría estar condicionado a que el Congreso de los Diputados modifique a su vez el proyecto de reforma del nuevo Estatuto de Autonomía.
Ahí reside la incertidumbre que introduce la situación en Cataluña, según Demócratas para el Cambio, principal impulsor de un nuevo sistema electoral desde la sociedad civil.
Una eventual disolución de las Cortes por una convocatoria electoral adelantada o una decisión política que retrase debates estatutarios mientras esté el conflicto catalán abierto podría entonces impedir que el nuevo sistema electoral canario estuviera listo en 2019.
“Lo primero es asegurar que haya sistema electoral en 2019” y para eso “no es razonable apostar toda la reforma a un cambio en el Estatuto de Autonomía”, defiende Vicente Mujica Moreno, presidente de Demócratas para el Cambio.
En su opinión, la situación política nacional aconseja buscar un acuerdo “simultáneo y multinivel” que permita reflejar una reforma factible según la actual redacción del Estatuto en una ley canaria que se puede tramitar solo en las Islas.
Esa reforma “factible” incluiría los condicionantes ya acordados esta semana en la ponencia de reforma electoral, que pasan por rebajar las barreras electorales y por mantener la actual distribución insular de los 60 diputados, a los que se añadirían nuevos escaños para compensar el crecimiento poblacional de Fuerteventura y para mejorar la proporcionalidad de la representación.
El vigente Estatuto de Autonomía limita hasta 70 el número de diputados, de manera que si la ponencia acuerda elevar los escaños por encima de esa cifra sería necesario incluirlo en una eventual reforma del Estatuto en las Cortes.
De la misma manera, si se quiere introducir una nueva circunscripción electoral regional -una de las tres opciones que está considerando la ponencia-, podría ser necesario que las Cortes aprobaran el nuevo Estatuto.
Mujica considera que cuando se plantea el tamaño del Parlamento y la fórmula de reparto de los nuevos escaños “hay que tener claro lo que se puede hacer en una ley canaria y lo que necesita una reforma estatutaria; no hay que escoger entre una u otra, pero sí prever una solución en una vía y en la otra”.
Demócratas para el Cambio propone que la ponencia acuerde simultáneamente la reforma en esos dos niveles, porque “no es razonable apostar todo a la vía estatutaria ante las posibles complicaciones en el Congreso”.
Además de una circunscripción regional, la ponencia también está considerando la alternativa de que los nuevos diputados se repartan entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, las más pobladas, además de compensar a Fuerteventura para que al menos tenga los mismos diputados que La Palma.
Una tercera posibilidad en estudio sería crear un colegio de restos con los votos no contabilizados en el reparto insular, que servirían para la elección de los nuevos diputados.
Estas dos posibilidades sí tienen cabida en la actual redacción estatutaria, según Mujica, para quien la opción del colegio de restos podría ser un punto de encuentro entre los que defienden añadir nuevos diputados a las circunscripciones insulares y los que prefieren una nueva circunscripción regional.
Mujica apunta que el sistema de restos aporta además ventajas técnicas, ya que no hay que disponer urnas distintas ni listas y papeletas separadas para una nueva circunscripción.
“No decimos que el colegio de restos sea la solución, eso corresponde al Parlamento decidirlo, sino que ofrecemos esa vía intermedia” entre la circunscripción insular y la regional, que cabe en el actual Estatuto y que no excluye la previsión de que en la reforma estatutaria se mantenga la posibilidad de una circunscripción regional, subraya.
Cualquiera que sea el acuerdo final en la ponencia, debería plasmarse “cuanto antes y a toda velocidad en una proposición de ley” que se apruebe en el Parlamento de Canarias, porque “la sociedad no entendería que se llegara a las elecciones de 2019 sin un nuevo sistema”, señala el presidente de Demócratas para el cambio.
En su opinión, aunque los condicionantes puedan limitar la posibilidad de una reforma electoral ambiciosa, es preciso llegar a 2019 con cambios que al menos supongan tener en cuenta la población frente a la sobreponderación de la representación territorial.
“Los cambios en los sistemas electorales son complejos, y casi siempre se hacen en la dirección contraria” a ampliar la representación, advierte Mujica, y al respecto recuerda las restricciones introducidas en 1996 al elevar las barreras electorales. “Por eso es fundamental aprovechar este momento”.
La puerta de la modificación del Estatuto de Autonomía quedaría abierta para cambios electorales en el futuro, más ambiciosos y que serían menos costosos, una vez que ya queda superada la triple paridad.
Vicente Mujica considera que vistos en perspectiva, los acuerdos alcanzados hasta ahora en la ponencia parlamentaria son muy importantes y esperanzadores, porque por primera vez se percibe dentro del Parlamento de Canarias que hay voluntad unánime y decidida para conseguir por consenso un nuevo sistema electoral que esté en vigor en las elecciones de 2019.
