Diez días para alegar la ejecución de Emmasa
El juzgado de lo Contencioso administrativo 1 de Santa Cruz de Tenerife ha dado 10 días de plazo al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y a Sacyr-Vallehermoso, para que respondan a la petición de ejecución forzosa de la sentencia contra la privatización de la empresa de aguas Emmasa, solicitada por Ciudadanos de santa Cruz.
La petición de la ejecución de la sentencia ha sido notificada este lunes por el juzgado de lo Contencioso administrativo 1, que resolvió la causa tras una denuncia interpuesta por el abogado Ángel Isidro Guimerá, cuando era concejal de Ciudadanos de Santa Cruz junto a Guillermo Guigou, por el incumplimiento de contrato por parte de Sacyr, que para acceder a la adjudicación del servicio se comprometió a una inversión en mejoras de 45 millones de euros.
Ciudadanos de Santa Cruz ya anunció en julio pasado su intención de pedir la ejecución de la sentencia, por la que se debe anular la concesión del servicio a Sacyr Vallehermoso, ya que el concurso público y adjudicación, que se llevaron a cabo tras el Pleno municipal en el que se aprobó la privatización de Emmasa son nulos de pleno derecho y por tanto, “el proceso debe retrotraerse al momento en el que se aprobó el cambio de gestión y repetirse de nuevo el debate”, dijo Guimerá en rueda de prensa.
El Ayuntamiento ha confirmado que cuenta con un plazo de 10 días para responder a la providencia dictada por el juzgado. La ejecución de la sentencia supone tener que devolver a Sacyr Vallehermoso el canon de 71 millones de euros que depositó por la adjudicación del servicio, además de enfrentarse a una demanda por lucro cesante, cifrado en otros 100 millones. Todo un golpe a las arcas públicas.
La por lo menos irregular privatización de Emmasa se ha complicado, ya que los abogados Felipe Campos y Pérez Ventura, junto con el concejal de la coalición XTF-IU, José Manuel Corrales, anunciaron en diciembre pasado otra denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra Sacyr Vallehermoso por incumplimiento de contrato, ya que la empresa había subcontratado con empresas propias algunos servicios esenciales.
En rueda de prensa, ambos abogados alertaron del peligro de pedir la ejecución de la sentencia contra la adjudicación del servicio, ya que ello conllevaría la indemnización multimillonaria a Sacyr, cuando, por el contrario, si primero se anula el contrato y luego se ejecuta la sentencia no habría necesidad del pago de esos 171 millones de euros.
El pasado 25 de mayo se aprobó por unanimidad en un pleno recuperar el servicio y gestión de aguas para que vuelva a ser de titularidad pública, lo que debió haberse llevado a cabo en octubre pasado.
Por su parte, Guillermo Guigou ha reiterado ante la prensa que debe haber un nuevo concurso público, de forma que el 49% de las acciones pasen a empresarios canarios, entre otros, Gestión de Aguas, de la CONCAP.
