100 días de ruido

Han pasado 100 días de la Legislatura del Buen Rollito.Quedan, por tanto,1,361 días para que Fernando Clavijo demuestre que éste en un nuevo tiempo, como afirmó durante su investidura.

De momento, lo que ha existido en este primer centenar de jornadas ha sido más ruido que nueces. Demasiada confrontación interna en el seno del Ejecutivo y pocas o nulas medidas destinadas a crear empleo, reactivar la economía y reforzar las politicas del Estado del Bienestar.

El Gobierno que preside Clavijo es más fruto de la aritmética parlamentaria que de una firme voluntad de los socios que lo componen de conformar una gabinete para dirigir la reactivación económica y la recuperación social que necesita Canarias. Fueron los números, que no las ganas, los que echaron a los nacionalistas en los brazos ansiosos de los socialistas, para quienes sí era una cuestión de vida o muerte no apearse del banco azul.

Y ese cálculo matemático forzado por las circunstancias se evidenció desde el primer momento en el que el pacto en cascada se cascó en Santa Cruz de Tenerife, primera de las múltiples costuras rasgadas del traje a medida con el que CC y PSOE pretendieron arropar la investidura de Clavijo.

El traje regional del pacto se rompió en demasiados municipios e islas, lo que ha hipotecado la acción del propio Gobierno, pues ha sido Clavijo quien paralizó varios nombramientos de altos cargos del PSOE hasta que se solucionaran las trifulcas en El Hierro o Lanzarote.

Los altos cargos

Y a esta ceremonia de la confusión hay que añadir que la política de nombramientos del Ejecutivo no ha estado limpia de polvo y paja, pues ha primado más la tendencia de agradecer servicios prestados que la de la idoneidad o la eficiencia para asumir un cargo.

Sin olvidarse, claro está, del curioso caso de la viceconsejera de Relaciones con la Justicia, Lourdes Quesada, una ex alto cargo del PP nombrada ahora por la cuota del PSOE y que fue investigada hace dos legislaturas por sus implicaciones directas en casos tan sonados como el de las ambulancias y el del concurso que ganó una empresa inmobiliaria para ofrecer los servicios de hemodiálisis.

Y por si fuera poco, la guinda: el jefe de Quesada, el viceconsejero de Justicia Manuel Fajardo, fue quien se encargó de investigar parlamentariamente el caso Lifeblood pidiiendo la destitución de su ahora subordinada al entonces consejero de Sanidad, Fernando Bañolas. Ni Kafka lo hubiera ideado mejor.

Los problemas para nombrar a los altos cargos no son únicamente cuitas internas entre los socios. No es cierto que los problemas entre CC y el PSOE no afecten a la acción del Gobierno y, como muestra, ahí ha quedado para la historia de los primeros 100 días que no cerrar a tiempo la estructura de distintas consejerías retrasó la publicación de las listas de espera sanitarias y los nombramientos de profesores interinos hasta el comienzo del curso escolar.

Con esos débiles mimbres, zarandeados internamente desde las facciones de CC y PSOE que libran innumerables batallas por hacerse con el control de sus respectivas organizaciones, el Gobierno continúa renqueante 100 días después.

Inestabilidad en cascada

No hay más que ver cómo crujió cuando los herreños amagaron con abandonar el Ejecutivo y el grupo parlamentario por la crisis de la moción de censura en La Frontera o cómo el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (nada proclive a aliarse con el PSOE porque el encandila más el PP), ha amagado con romper el acuerdo de gobernabilidad con los socialistas como daño colateral del pulso que mantiene con el presidente Clavijo por liderar a los nacionalistas tinerfeños.

Un pulso que supone una nueva papa caliente para el gabinete en el que la titularidad de las Obras Públicas está en manos del PSOE y la de Hacienda en las de CC, que van a tener que navegar sin hundirse en las procelosas aguas de la financiación de los euros necesarios para concluir el Anillo Insular de Tenerife sin que ello suponga una afrenta para las justas pretensiones viarias del resto de las Islas.

Toda esta contaminación acústica rodeando la labor gubernamental ha impedido abordar las cuestiones urgentes y ha demostrado que más que un tiempo nuevo estamos ante más de lo mismo. Como ejemplo, la nueva Ley de Servicios Sociales que Clavijo anunció en su investidura como “primer objetivo” de su gabinete hasta el punto de que estaría aprobada antes de enero de 2016.

Grupos de estudio

Sin embargo, esta legislación, que fue promesa estrella electoral tanto de Clavijo como de la vicepresidenta Patricia Hernández, se ha unido a la gran retahíla de grupos de trabajo que elaborarán las futuras normas.

La Ley de Servicios Sociales, una promesa incumplida por los dos anteriores gobiernos de Canarias, los que presidió Paulino Rivero, no tiene fecha de aprobación: fue en septiembre cuando Hernández, en una Comisión del Parlamento, afirmó que “preferimos prorrogarlo en el tiempo a que dentro de un año nos digan que la ley no sirve para nada”.

Y es que al Gobierno que preside Clavijo le encantan los grupos de trabajo y la elaboración de estudios. Ya sea para elaborar la nueva Ley del Territorio, para hacer un diagnóstico serio y riguroso sobre la pobreza y la exclusión social en Canarias o el problema al que se enfrentan los residentes en zonas turísticas.

Y lo mismo sucede con los planes para reducir las listas de espera, la reintegración del derecho a la asistencia a los inmigrantes, mejorar la Atención Primaria o la aprobación del Plan de Urgencias. Hasta la rebaja de la presión fiscal se ha pospuesto al año 2018.

Por lo hasta ahora visto, Clavijo y su gabinete han decidido retrasar un par de años la toma de decisiones sobre problemas complejos y acuciantes, justo lo contrario a lo que prometió y totalmente en la dirección opuesta a lo que necesita Canarias, que hasta tendrá que conformarse con unos Presupuestos para 2016 que serán “los mejores que podemos hacer con lo que tenemos”, como aseguró en el último pleno parlamentario la consejera Rosa Dávila.

Pocas nueces

¿Y cuáles son las nueces de este centenar de días? Pues, básicamente, que no se sorteen más Viviendas de Protección Oficial (VPO), haber destensado las relaciones bilaterales con el Gobierno de España (aunque esto tiene más que ver con las Elecciones del 20-D que con el talante buenrrollista del presidente), negociar (sin concretar la ficha financiera) la renovación de las bases económicas del Régimen Económico y Fiscal (lo que es una obligación del Ejecutivo de Rajoy, dicho sea de paso) y la supresión de la compensación al Estado por el extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) y la condonación del pago de 160 millones (aunque hay que negociar la letra pequeña en la que el Estado dirá en qué se pueden gastar esos euros y en qué no).

Y también es posible que el IGTE se le atragante si Clavijo se mantiene en sus tesis de repartirlo en base al nuevo invento de la triple paridad financiera (remedo de la que se cuestiona electoralmente), puesto que Gran Canaria y Tenerife recibirán el doble de fondos que el resto de las cinco islas juntas, lo que no supone un reparto equitativo, precisamente.

Un balance, por tanto, más bien pobre para quien se presentó como el adalid del empleo y el crecimiento económico y el valedor de las políticas sociales del Estado del Bienestar “sin que nadie se quede atrás”.