Los edificios 'clandestinos' de La Laguna

Noé Ramón / Noé Ramón

La figura de los edificios catalogados en régimen de fuera de ordenación es uno de los aspectos que salen peor parados del avance del Plan General de Ordenación (PGO) de La Laguna. En el documento se incluyen en esta categoría tanto a los inmuebles que se edificaron en su momento con licencia pero que luego han quedado disconformes con el nuevo planeamiento, como a los que se hicieron sin permiso alguno.

De esta manera el planeamiento mete a todas las edificaciones en el mismo saco y las llega a definir como “clandestinas”. Pero además, en el informe jurídico elaborado por el Servicio municipal de Planificación y Planeamiento se llama la atención sobre el hecho de que el PGO pretende prohibir en estas edificaciones las obras mínimas para garantizar su conservación y mantenimiento. Por ello se indica que se está infringiendo la actual legislación que en estos casos se limita a rechazar tan sólo las obras de ampliación.

El concejal de la formación política Por Tenerife (XTF), Santiago Pérez, indicó que el propio informe tacha de “muy confusa y con muchas imprecisiones” la forma en la que se contempla esta figura urbanística y criticó que se califique a estos edificios como “clandestinos”. Pero además no se diferencia entre las edificaciones legales que quedan en situación de fuera de ordenación de forma sobrevenida por incumplir el nuevo Plan General y las instalaciones con esta misma carga urbanística.

Según Pérez, aún no es posible determinar cuantas personas se podrán ver afectadas por una norma como ésta que califica de “inaceptable e injusta”. Y ello es debido que los propietarios cuya viviendas se encuentren en esta situación aunque hayan sido construidas con todas las autorizaciones pertinentes verán como podrán ser expropiadas y además al valor mínimo catastral. “Es increíble porque se mejora la situación de las construcciones ilegales y se empeora la de las legales”, señaló el concejal.

En el informe elaborado por el Servicio de Planificación se indica que no es posible según la ley incluir en esta categoría a las fincas y se concluye proponiendo que se replantee la regulación de este régimen urbanístico, “simplificando y precisando su contenido”. Para ello se apela a respetar la regulación establecida en la actual normativa y limitar su aplicación a las edificaciones, construcciones e instalaciones, así como los usos y actividades “pero no sobre las fincas”, se reitera.

En general, este informe considera que la figura de fuera de ordenación se aplica de una forma que califican en una ocasión de “confusa”, en otra de “contradictoria” y en otra más de “imprecisa”. Y todo ello pese a la polémica que la carga urbanística ha despertado en el vecino municipio de Santa Cruz al detectarse miles de viviendas en esta situación. En el caso de La Laguna un primer censo contenido en el propio PGO cifra el número de edificaciones en esta situación en 1.652. Pero a la vez se mezclan las que fueron construidas sin licencia en suelo rústico con las que se edificaron en lugares como la calle Herradores y en el centro de La Laguna con autorización pero cuya altura luego superó lo permitido en un principio.

Según Pérez, el PGO, que actualmente se encuentra en la fase de aprobación provisional, es un documento que tiene “un montón de contenidos casi inabarcables” y recoge por un lado un discurso teórico, “lo que es muy habitual en ATI” y por otro la normativa que es “donde realmente se encuentra la harina”. Así el concejal apunta que se está hablando todo el rato de sostenibilidad y conservación del suelo agrícola que concentran en el eslogan: Hagamos más campo del campo y más ciudad de la ciudad, cuando en realidad va a desaparecer el 14% de los terrenos más ricos del municipio para la agricultura. Pero además, apunta que la obligación de consolidar los núcleos urbanos y conservar el suelo agrícola viene fijada por la actual legislación. “De manera que no estamos hablando de un criterio que se pueda aceptar o no sino de una obligación legal que en cualquier caso se incumple desde el Ayuntamiento”, indica el concejal.

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