Las empresas públicas canarias destruyen un tercio de sus puestos de trabajo en cinco años

Fotografía de archivo de una protesta de los trabajadores de Gesplan ante el Gobierno de Canarias.

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —
  • La segunda mercantil pública que más puestos de trabajo ha destruido durante el último lustro es el ITC (Instituto Tecnológico de Canarias), que vive al filo del alambre desde hace años

Las empresas públicas del Gobierno de Canarias han destruido en los últimos cinco años un total de 662 puestos de trabajo, un tercio de los empleos que contabilizaban en 2012, ejercicio en el que el Ejecutivo regional, que entonces lideraba Paulino Rivero, impuso a sus sociedades mercantiles planes de ajuste para reducir en un 15% sus gastos estructurales fijos. El recorte en materia de personal durante este lustro asciende a 22,28 millones de euros, según los datos recogidos de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2012 y de 2017.

El coste laboral total de los 1.342 trabajadores del sector público empresarial asciende a 49,85 millones de euros. Cinco años atrás, Canarias destinaba 72,13 millones para remunerar a 2.004 empleados de 16 mercantiles. Otras cuatro sociedades están en proceso de disolución y no disponen de personal. La reducción de gasto ha sido, por lo tanto, del 30%. Las principales caídas de empleo se produjeron en los ejercicios inmediatamente posteriores a la puesta en marcha de los planes de viabilidad impulsados por el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, con la destrucción de 616 puestos de trabajo en 2013 y 153 en 2014. Durante los dos años posteriores se registró un ligero repunte en el número de empleados del sector público empresarial, pero en este último año se ha vuelto a reducir la cifra.

Más de la mitad de los empleos perdidos durante este periodo se concentra en la empresa pública Gesplan (Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental), que ha reducido su plantilla de 443 trabajadores a 80, con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de por medio. En 2011, el entonces gerente de esta sociedad, Rafael Castellano, presumía de haber convertido a Gesplan en un estandarte de la creación de empleo en el Archipiélago mediante fórmulas de contratación temporal de jóvenes licenciados a bajo coste laboral. En 2012, el número de trabajadores eventuales era de 292. En la actualidad, sólo tiene ese vínculo laboral su consejera delegada, Beatriz Calzada, presidenta a su vez de CC en Las Palmas de Gran Canaria.

La segunda mercantil pública que más puestos de trabajo ha destruido durante el último lustro es el ITC (Instituto Tecnológico de Canarias). La empresa de I+D+i del Gobierno regional, puntera en materias como las energías renovables, tecnologías del agua, biotecnología o ingeniería biomédica, vive al filo del alambre desde hace años, sorteando amenazas de cierre a base de reducciones salariales. En estos cinco años, el coste en personal se ha reducido en más de 2 millones de euros, de los 8 de 2012 a los 5,9 de 2017. La plantilla ha disminuido en un 32% (de 214 a 145 trabajadores). Tanto la plantilla del ITC como la oposición en el Parlamento regional han acusado al Gobierno de Canarias de pretender “desmantelar” esta empresa pública y, con ello, enterrar la apuesta por la innovación y la diversificación económica en las Islas.

Son precisamente esas dos empresas, Gesplan e ITC, las que más vaivenes laborales han registrado en los últimos años. El ITC marcó su mínimo en 2014, con 89 trabajadores, 125 menos de los que tenía en 2012 y 56 menos de los que tiene ahora, mientras que Gesplan, que en 2012 era la sociedad con mayor número de empleados, con 443, cuenta ahora tan sólo con 80, la cifra más baja de los últimos seis ejercicios.

El número de empleados se ha mantenido prácticamente inalterable desde el primer año del ajuste en los casos de Canarias Cultura en Red (37 trabajadores), Grafcan (52), GSC (254), Promotur (44), Radio Pública de Canarias (32), Sodecan (8) y Televisión Pública de Canarias (55) y desde el segundo -2014- en Gestur Tenerife (25), Proexca (56) o Visocan (51). Por su parte, Gestur Las Palmas, que hace cinco años sumaba 24 empleados en plantilla, se encuentra en proceso de disolución, aunque los últimos tres años ha mantenido a dos administrativos en nómina.

Las empresas GMR (Gestión del Medio Rural) y Hecansa (Hoteles Escuela de Canarias), en cambio, llevan cuatro y tres años, respectivamente, recuperando parte de los empleos que perdieron con el plan de racionalización. En la actualidad son 222 los profesionales que trabajan en GMR, 27 menos de los que tenía en 2012, pero 37 más de los que sumaba en 2013. Hecansa contaba con 200 antes del ajuste y con 125 y 123 en los dos primeros años de recortes. Tras los incrementos de los últimos ejercicios, la plantilla asciende ahora a 142 empleados.

La única mercantil que tiene más trabajadores de los que tenía hace un lustro es Grecasa, empresa que ha firmado con la Agencia Tributaria Canaria una encomienda de gestión para la prestación de servicios en materia tributaria y de información a los contribuyentes. En este periodo ha incorporado a su plantilla a quince empleados (de 120 a 135).

Sueldos

Los planes de ajuste acometidos en 2012 también acarrearon reducciones salariales para los trabajadores de las empresas públicas. Sin embargo, el coste medio por empleado, excluyendo los emolumentos percibidos por los gerentes, consejeros delegados y directivos de las mercantiles, se ha incrementado ligeramente en estos cinco años, de los 34.660 euros de 2012 a los 35.894, un alza de poco más del 3,5%. En este aumento de la media influyen varias circunstancias. Por una parte, los despidos afectaron con más intensidad a los trabajadores que tenían los salarios más bajos en la plantilla. Por otro, el porcentaje de trabajadores eventuales, con una media salarial más baja -en torno a los 29.000 euros-, ha disminuido considerablemente, del 21,5% de hace cinco años al 15,05% actual. A ello hay que sumarle los aumentos en las retribuciones derivados de la antigüedad de los trabajadores.

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