Más facturas 'sin justificar' en el Ayuntamiento de Arrecife
El Ayuntamiento de Arrecife contrató a la empresa Tuneras Producciones para que llevara a cabo un 'Proyecto de apoyo al desarrollo de las acciones y programas de la concejalía de barrios'. Este contrato se investiga en la operación Montecarlo y, según la Fiscalía, no se tramitó ningún expediente de contratación.
La empresa presentó tres facturas por ese proyecto: una de 63.000 euros y dos de más de 15.000 cada una. En la documentación del proyecto no se indicaba el presupuesto pero se señalaba que terminaría a la finalización del mandato del anterior alcalde, Cándido Reguera (PP), en junio de 2011, cuando gobernaba junto al PIL y al PNL.
La Fiscalía destaca que no hubo resolución del órgano de contratación acordando la contratación definitiva y que nunca se presentó una memoria de las actividades que se llevaron a cabo, a pesar de que la empresa se comprometió a presentarla.
“En consecuencia -señala el fiscal- no existe justificación para el abono de las tres facturas mencionadas porque no se sabe a qué servicio corresponden (?) a la vez que en realidad no parece que se haya prestado ningún servicio y que en su tramitación y abono por parte del Ayuntamiento de Arrecife no se cumple ni con las bases de ejecución del prepuesto municipal ni con la Ley de Contratos del Sector Público”.
Una de las facturas, la de 63.000 euros, presentada a finales de 2010, está firmada por el técnico Miguel Ángel Leal, adscrito al área de comercio, y por el entonces alcalde, Cándido Reguera. Otra de ellas está firmada por los concejales Emilia Perdomo (PIL) y Lorenzo Lemaur (PP), que llevaban las áreas de servicios sociales y barrios, respectivamente. Esas dos órdenes de pago están avaladas por la entonces concejal de hacienda, Isabel Martinón (PNL).
La otra, que pertenece a la realización del proyecto durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2011, también está firmada por Perdomo y Lemaur peor la orden de pago la firma el socialista José Montelongo que asumió hacienda tras la elecciones de mayo de 2011 y tras pactar con el PP. Todas las facturas están avaladas por el interventor, Carlos Sáenz.
Por este caso se solicita la imputación de estas personas por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, mientras que al empresario Eduardo Ferrer, dueño de Tunera, se le pide la imputación por falsedad en documento mercantil.
