El Gobierno canario admite el colapso de los archivos judiciales

El Gobierno canario ha admitido ante el Parlamento la alarmante situación que se vive por el colpaso de los archivos de los partidos judiciales de Los Llanos de Aridane en La Palma y de La Orotava en Tenerife. Así mientras que en Santa Cruz de La Palma las obras llevadas a cabo han dado ya sus frutos y ha evitado la acumulación documental y de pruebas de convicción no ocurre lo mismo con Los Llanos. “Cierto que debemos expresar nuestra preocupación por el estado en el que se encuentran los archivos judiciales de este último partido. La solución pasa ineludiblemente por el desalojo de buena parte de la documentación existente y por el expurgo de las piezas de convicción acumuladas”, admite el viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, Manuel González Álvarez a una pregunta del Partido Popular (PP). El propio ejecutivo relata que en la actualidad no se puede transitar por los pasillos en búsqueda de expedientes, no se puede celebrar en las salas de vistas sin la presencia y molestia en algunos casos de las cajas de archivo “y ya por defecto profesional, el valor patrimonial de la documentación está en grave riesgo dadas las precarias condiciones de instalación que sufren y que son imposibles de salvar”.

En principio se ha llegado a un consenso de fechas con los profesionales de la administración de justicia responsables de los juzgados de Los Llanos de Aridane, que implica que se pueda desalojar los documentos y pruebas de convicción en la jurisdicción civil hasta el año 1990 y en la penal hasta 2003. Este consenso podrá solucionar algunos de los problemas más acuciantes como el de la falta de espacio donde ubicar los expedientes de los años más recientes. El Gobierno, sin embargo es partidario de eliminar documentos de la jurisdicción civil más cecanos en el tiempo “para así evitar un nuevo colapso a producir a corto plazo y por tanto se hace preciso alcanzar un nuevo consenso”. El principal problema, según relata el ejecutivo, es la falta de espacio, pues los depósitos existentes son muy reducidos “y en el mejor de los casos y atendiendo a las medidas expuestas por los técnicos de prevención de riesgos no hay depósito que albergue más de 500 cajas”. De igual modo tampoco hay depósitos exclusivos para piezas de convicción tal como se establece la legislación en vigor. En la actualidad el edificio consta de tres plantas, con un depósito de archivo en cada una de ellas para unas 448 cajas. En la planta baja hay un almacén dividido en altura en la que se disponen los procedimientos en la parte baja y las piezas de convicción en la superior. “En ambas resulta complicado el acceso y la búsqueda de expedientes o piezas de una forma racional”, admite el ejecutivo. Al otro lado de la planta baja se dispone otro archivo en el cuarto del cuadro eléctrico que alberga actualmente 640 cajas de los años (2002-2004). Por último, y ya a un lado del acceso, en una zona ganada del edificio se construyó en 2005 un cuarto que sirvió para reubicar la documentación más antigua que se había desplazado provisionalmente a la antigua cárcel.

En estos momentos se dispone de un local cedido por el Ayuntamiento y que fue habilitado para la ocasión por la dirección general, pero que no reunía condiciones para el depósito de la documentación pues carecía de toda medida de seguridad. En esta sala se acumulan actualmente unas 1.800 unidades de instalación dado que en la misma conviven legajos atados al modo antiguo con cajas más recientes. Prácticamente toda esta documentación puede ser transferida al archivo territorial, dado que arranca en 1813 y llega hasta la década de los noventa. Ante esta situación, el Gobierno baraja varias soluciones como reanudar las conversaciones mantenidas en su día con el Ayuntamiento, ya que aunque con anterioridad no dieron los frutos deseados, hoy puede encontrarse una solución. El Cabildo hoy dispone de salas en el actual Museo Arqueológico de los Llanos, sito a poca distancia de los juzgados y se ha constatado que hay predisposición de los responsables institucionales, especialmente de la consejera de Cultura.