El Gobierno canario prorroga el alquiler de uno de los edificios incluidos en el acuerdo para recuperar el dinero de Las Teresitas

El Gobierno de Canarias ha decidido prorrogar un año más el contrato de alquiler del edificio que en la actualidad alberga la sede de la Consejería de Educación en Santa Cruz de Tenerife. Se trata de uno de los inmuebles que la familia del empresario Antonio Plasencia acordó ceder al Ayuntamiento de la capital tinerfeña el pasado mes de junio para saldar parte de la deuda por su condena en el caso de Las Teresitas, un pelotazo urbanístico de 50 millones de euros en la operación de compraventa del frente de la playa.

El traspaso de la propiedad está pendiente aún de ejecución, a la espera de que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que el pasado año había ordenado su embargo preventivo, acepte la tasación realizada a otro de los inmuebles incluidos en ese acuerdo, el edificio de 13 plantas situado en el barrio de Cabo Llanos que a punto estuvo de adquirir el Cabildo de Tenerife con una adjudicación a dedo a finales del anterior mandato, con Carlos Alonso (CC) en la Presidencia, por 30 millones de euros. Esta operación acabó siendo frustrada por el pleno de la corporación insular tras las críticas suscitadas.

Según informa en su edición de este domingo el periódico Canarias 7, el Consejo de Gobierno ha acordado el pago de otros 3,5 millones de euros para ampliar en un año el edificio situado en la Avenida Tres de Mayo de la capital tinerfeña, que desde hace años alberga la sede de la Consejería de Educación, con más de 600 trabajadores. El contrato de alquiler de ese edificio fue firmado en 2005 por el entonces consejero de Hacienda José Carlos Mauricio, uno de los fundadores de Coalición Canaria (CC), con la empresa Carlacand, vinculada a Plasencia, y contemplaba una opción de compra por 46 millones de euros a partir del quinto año, una vez transcurrido el periodo fijado para que el empresario pudiera venderlo sin tener que renunciar a los beneficios fiscales de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC).

A pesar de ello, ninguno de los sucesivos gobiernos se ha decidido a ejecutarla, siempre aduciendo restricciones presupuestarias, y el gasto en el arrendamiento del inmueble en estos quince años supera ya los 50 millones de euros, cuatro más de lo que costaba su compra.

El nuevo grupo de gobierno anunció el año pasado que reservaría nueve millones de euros de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias del año 2021 para la adquisición del edificio en caso de que así se decidiese en el plan de reformas de las sedes de la administración y que fuese la opción más beneficiosa para las arcas públicas. Sin embargo, durante su tramitación parlamentaria, esa partida fue sustituida por otra del mismo importe para la compra, mejora y reforma de edificios administrativos. Según la información publicada este domingo por Canarias 7, el acuerdo del Consejo de Gobierno se refiere a la “imposibilidad, por falta de disponibilidad presupuestaria”, de ejecutar esa opción de compra.

Después de que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ordenase el embargo preventivo del edificio, fuentes de la Consejería de Hacienda afirmaron que el auto no afectaba a la actividad habitual en esta sede de Educación que la única diferencia podría radicar en el destino de esos fondos, que pasaría de ser el empresario a los juzgados. Meses después, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, entonces regido por la socialista Patricia Hernández, anunciaba el acuerdo para recuperar el dinero malversado en la operación de Las Teresitas, que incluía la cesión de esos dos edificios, con una tasación de entre 52 y 55 millones de euros

La propuesta para ampliar un año más el contrato de alquiler de ese inmueble parte de la Dirección General de Patrimonio y Contratación que lidera José Julián Isturiz.

El propietario del edificio, Antonio Plasencia, fue condenado en el caso de Las Teresitas junto al también empresario Ignacio González, ya fallecido, y el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo. La sentencia les obligaba a asumir la responsabilidad civil, a devolver lo malversado, una cifra cercana a los 95 millones de euros, contando intereses.