El Gobierno de CC-PP cambia por decreto la Ley del Cambio Climático en Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el decreto ley que modifica la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para “corregir y mejorar” un texto que, según el Ejecutivo de CC y PP, había suscitado críticas, y que entre otras novedades contempla la creación del Consejo Canario de Acción Climática. La Ley de Cambio Climático fue aprobada en 2022 con los votos de todos los partidos en el Parlamento regional excepto el Mixto y el PP, que ya entonces anunció que si gobernaba la derogaría. Esa ley incorporó más de 1.000 aportaciones y se debatió con la sociedad canaria, sindicatos, organizaciones medioambientales, patronal, partidos políticos e instituciones, convirtiéndose en la ley más participada de la historia en las Islas.

Ahora, por la vía del decreto ley, es decir, sin debate en el Parlamento pero sí con el beneplácito del sector empresarial, el Ejecutivo regional modifica la norma, que fue pionera en España. El portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, ha afirmado que la norma aprobada por el anterior Gobierno (con el apoyo, recordemos, de todos los grupos menos el Mixto y el PP) se ha demostrado “ineficaz y lenta” en la aplicación tras un año y medio en vigor.

Cabello ha indicado en el decreto ley aprobado este lunes se “corrigen” además once artículos de la ley que había denunciado el Gobierno central por visos de inconstitucionalidad, y el Ejecutivo autonómico entendió que al entrar de manera formal en esos aspectos se podía “aprovechar para reformar y enriquecer el texto”, ha proseguido el portavoz.

Para ello ha habido reuniones con los representantes del sector empresarial, que habían criticado la ley “por engorrosa” e ineficiente para acelerar “el ansiado proceso hacia la transición ecológica”, ha indicado Cabello, para quien el proceso participativo para dicha reforma ha sido “muy amplio, superior a lo habitual”.

Incluso ha habido reuniones con entidades críticas con la reforma, como la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que ha ido “despejando” sus dudas al respecto, ha manifestado el portavoz del Ejecutivo.

Con este decreto se promoverá una “simplificación normativa y la agilidad en la tramitación” para corregir así uno de los aspectos que ha recibido “críticas más duras” en el anterior texto.

Se introducen además instrumentos administrativos que fomentan la participación, como el Consejo Canario de Acción Climática, del que ha afirmado que “una buena muestra de la voluntad del Gobierno” por la transparencia en los procesos, pues tendrá representación de cabildos, ayuntamientos y entidades del sector.

También se creará un ente canario de la energía y una oficina de acción climática, ha señalado Alfonso Cabello, quien a la pregunta de si en la tramitación parlamentaria el decreto puede reconvertirse en un proyecto de ley ha contestado que en principio se mantiene el camino iniciado por la vía del decreto ley. 

Menos estrategias climáticas

La nueva Ley rebaja a la mitad el número de estrategias contra la crisis climática, entre otras cosas. La norma recogía hasta ahora cuatro instrumentos de ordenación: la estrategia canaria de acción climática, el plan canario de acción climática, el plan de transición energética de Canarias (todos estos ya publicados) y la estrategia canaria de transición justa y justicia climática, aún por salir a la luz. Ahora esos cuatro documentos pasarán a ser dos: el plan integrado de energía y clima y el plan canario de adaptación climática.

Fuentes de la Consejería explican que se trata de una reestructuración de lo que ya había y que los objetivos marcados por los viejos textos serán absorbidos por los nuevos, todavía por redactar. El PSOE, que lideró la gestión de la lucha contra la crisis climática en la anterior legislatura con el ahora senador José Antonio Valbuena a la cabeza, teme que lo que concierne, al menos, a la justicia ambiental, caiga en saco roto.