El Gobierno aún no ha cuantificado el dinero de las compensaciones por la Ley de Medidas Urgentes
En el Gobierno de Canarias “aún no tenemos cerrada la cuantía” de a cuanto ascenderá el montante de las indemnizaciones que deberá afrontar por las sentencias del Tribunal Supremo, que ratifican otras tantas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), referidas al polémico artículo 17 de la Ley de Medidas Urgentes que aprobó en 2009 el primer Ejecutivo de Paulino Rivero con sus socios del Partido Popular (PP).
Así lo ha asegurado la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, en sede parlamentaria, a instancias del portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, que pidió su comparecencia para que explicar las “consecuencias jurídicas indemnizatorias” del artículo 17.
Con todo, Barreto aseguró que las 54 sentencias (a falta de cuatro fallos) no obligan a una indemnización, sino a retramitar el proceso. Como se recordará, el artículo 17 estableció la posibilidad de reclasificar parcelas a suelo rústico con la posibilidad de evaluar las indemnizaciones por los aprovechamientos edificatorios congelados. Los empresarios, que recurrieron la decisión del Ejecutivo canario de no recalificar suelo turístico en rústico, reclaman un total de 167 millones de euros.
La consejera ha insistido en todo momento en que los fallos del Tribunal Supremo no fijan realmente la cuantía de las indemnizaciones sino que “obliga a la Administración a iniciar y resolver los procedimientos de reclasificación del suelo” y que, por tanto, no prejuzgan sobre el derecho a la obtención y alcance de las mismas.
Unas indemnizaciones que, en todo caso, el líder de NC ha asegurado que “deberían ser en base a compensar el daño emergente, pero nunca el lucro cesante”, por lo que tendió la mano a la consejera para buscar fórmulas alternativas que compensen a los empresarios e inversores y evite desembolsos a las arcas autonómicas.
Moneda de cambio
Con todo, Rodríguez alertó de que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional anulando un artículo de la Ley de Renovación Turística por considerar inconstitucional introducir un criterio económico como es la categoría de los hoteles para decidir si procede o no autorizar su construcción, “va a posibilitar que los empresarios se vayan a acoger a la barra libre de la liberalización total de construir sin límites”.
Una tesis compartida por la portavoz de Podemos, Asunción Delgado, para quien “con la nueva Ley del Suelo esas indemnizaciones se van a usar como moneda de cambio por más suelo”.
“Con la Ley de Medidas Urgentes, que rompió el consenso que hubo en las leyes territoriales anteriores, se buscó solucionar los problemas que varios grupos de presión a quienes no les gustaba la moratoria”, afirmó Delgado.
Por su parte, el nacionalista Pablo Rodríguez (CC) consideró que era necesario “no crear alarma por indemnizaciones que no se van a producir”, mientras que la socialista Nayra Alemán insistió en que “las 54 sentencias que existen avalan el derecho a tramitar los expedientes, pero no a derecho indemnizatorio alguno”.
