González Reverón gozó de un poder ilimitado en Arona

El ex alcalde de Arona, José Alberto González Reverón gozó durante varios mandatos de un poder casi infinito dentro de sus dominios.

Berto podía decidir oposiciones, conseguir puestos de trabajo, anular multas o sanciones urbanística. O al menos lo intentaba. Así aparece recogido en el escrito de acusación de la Fiscalía en el que se plasman algunos de los casos más curiosos en los que el ex alcalde demostró un poder al borde de lo ilimitado.

Por ejemplo está la convocatoria de concursos que en ocasiones se convirtió en una manera de colocar a afiliados de Coalición Canaria (CC) . Para ello se recurrió a métodos como asumir por parte de la Alcaldía la redacción de las bases de las oposiciones apelando a la urgencia del procedimiento. Así ocurrió cuando se quiso cubrir en 2007 diez plazas de policía local.

En aquella ocasión el propio Gobierno canario instó al alcalde a que anulara esta convocatoria al haber detectado ilegalidades en alguna de las cláusulas introducidas por Reverón. Entre ellas, por ejemplo, que el ex alcalde se había olvidado de la prohibición “taxativa” de que el personal de elección o designación política formara parte de los órganos de selección del personal.

Tampoco se cumplía con el veto de que los componentes del jurado actuaran por delegación de nadie, sino a título individual. Aunque se modificaron algunos de los extremos planteados desde el Gobierno de Canarias no se hizo lo propio con los anteriores. A esta convocatoria acudieron 190 personas de las que 90 fueron excluidas por incumplir alguno de los requisitos. El alcalde nombró como presidenta a la subinspectora de policía en aquellos momentos, Hortensia María García García, acusada por la Fiscalía de prevariación y a la que se le pide ocho años de inhabilitación.

Al parecer el alcalde tenía interés en que el funcionario interino N. V. D. consiguiera la plaza en propiedad. Los resultados del examen no iban precisamente muy bien para el aspirante y de hecho había ya otros doce candidatos que lo superaban en puntuación.

Tan sólo faltaba una prueba de conversación en inglés con una profesora que días antes recibió diversas llamadas por parte de la subinspectora mostrándole su intención de que N. V. D. obtuviera la plaza. Y es que el opositor carecía de conocimientos de este idioma y por ello fue necesario que García intercediera para que le subieran la puntuación. Finalmente, el funcionario interino fue aprobado, aunque en último lugar y a escasas décimas del otro aspirante que por supuesto se quedó fuera de la lista de afortunados.

En 2008 se repiten hechos parecidos pero en este caso es un tal Carlos Tacoronte el que quiere hacerse con una plaza de técnico ofertada por la Cámara de Comercio. El ex alcalde le ofrece al aspirante que se afilie a CC y a cambio contactó en varias ocasiones con el entonces director de la Cámara, Vicente Francisco Dorta, para intentar influir en su decisión.

A la selección concurrieron cinco personas y la puntuación la llevó a cabo una empresa particular. Curiosamente, el candidato defendido por el alcalde fue el que obtuvo mejores resultados y por lo tanto consiguió el puesto de trabajo. Por cierto, Carlos Tacoronte, poco después se afilió a Coalición Canaria. La Fiscalía indica que no tiene pruebas de que se hubiera incurrido en algún tipo de artificio, pero resulta llamativo que precisamente fuera este vecino el que resultara ganador.

Ese mismo año Reverón consiguió que la hija del familiar de un amigo suyo fuera admitida en la guardería municipal Buzanada. Para ello contactó en varias ocasiones con la responsable de este servicio y con la asistenta social que se encargaba de realizar las baremaciones para elegir a los niños. El problema es que en aquel momento los padres no convivían juntos y la madre no trabajaba con lo cual se incumplían dos de los principales requisitos para conseguir una de las escasas sesenta plazas. Para sortear este obstáculo la madre presentó un escrito en el que argumentaba que iba a tener un trabajo en el futuro, pero sin mencionar el sueldo, ni la duración del contrato. Tampoco hacía mención a la relación que sostenía con el padre de su hija. La estrategia triunfó porque efectivamente la niña pudo entrar en la guardería.

En otra ocasión un vecino al que se le habían impuesto 22 multas de tráfico, por aparcar de forma incorrecta en Cabo Blanco, pidió la intermediación del alcalde. De esta manera quería evitar el pago de casi quinientos euros. Berto, según la Fiscalía, “una vez más movido por intereses ajenos a la función pública, trató de interferir en la decisión administrativa a tomar, abusando de su situación de superioridad” e inició gestiones para evitar que las multas se hicieran efectivas.

En concreto, Reverón habló directamente con el servicio de Recaudación municipal para que le dijeran cómo podían anular las sanciones. Aquí le informaron que sólo había dos sistemas; o la multa prescribía o era retirada por el agente que la impuso. El ex alcalde optó por esta última alternativa y se puso en contacto con el policía quien dijo que lo único que había intentado es que el ciudadano cumpliera las normas de tráfico. Lo cierto es que de una manera de otra el vecino no tuvo que pagar ninguna de las multas.

En varias ocasiones el ex alcalde habló con los responsables de la empresa de limpieza para “imponer en algunos casos y recomendar en otros” a una serie de personas como trabajadores. Siempre se trataban de conocidos suyos que efectivamente fueron contratados, “en atención a la condición de alcalde del acusado y de los intereses económicos en juego, que obligaban a atender las solicitudes a cambio del mantenimiento de los contratos municipales”. De esta manera se dio trabajo a cerca de una decena de personas, algunas de las cuales eran contratadas en ocasiones sucesivas y a veces en varios servicios o departamentos.

El cabo de la guardia civil, José Manuel Rodríguez Rodríguez también ha sido acusado de mantener contactos a varias bandas con el ex alcalde, concejales, empresarios y funcionarios a fin de que expedientes de obra promovidos por el promotor Pedro Luis Suárez sortearan diversos reparos de legalidad. Y todo ello pese a que los hechos estaban siendo objeto de una investigación criminal. El guardia civil sostuvo así reuniones con portavoces de las fuerzas políticas, empresarios y el propio Berto y el entonces concejal de Urbanismo, Antonio Sosa.

De hecho se llegó a celebrar un encuentro en el que estuvieron presentes todos los cargos públicos a la vez en la casa del empresario. Incluso se utilizó la sanción a una empresa de un familiar de un concejal de la oposición para obtener su voto a favor. Lo cierto es que la Fiscalía indica que no se puede probar a ciencia cierta que el alcalde cometiera alguna ilegalidad, pese a las llamadas telefónicas intervenidas. Para el guardia civil se piden seis meses de cárcel y una multa de 30.000 euros por un posible delito de prevaricación.

Conocida es también la intermediación que llevó el alcalde para que se legalizara la vivienda de un familiar suyo en Buzanada. La policía interceptó llamadas a la consejera insular de Medio Ambiente del Cabildo, María del Pino De León e incluso el alcalde le llevó personalmente algunos documentos para legalizar la obra, pero sin resultado alguno. Sobre la vivienda pendía una sanción de 150.000 euros y una orden de derribo. A pesar de que los fallos judiciales van en este mismo sentido, lo cierto es que ahora se intenta hacer pasar el chalet como un establo. De esta manera su construcción sería compatible con el suelo rústico sobre el que se levanta.