Guerra abierta entre el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de España por la introducción del gas en las Islas: “Nos tratan como a una colonia”

El debate no ha acabado ni mucho menos. La intención del Gobierno de España de instalar regasificadoras en Canarias como medida de urgencia por la crisis energética se encontró, en primer lugar, con un firme rechazo por parte de las autoridades locales en las Islas, luego con Ángel Víctor Torres (PSOE), el presidente del Archipiélago, que trató de apaciguar el asunto afirmando que el gas en ningún caso llegaría a las viviendas, y este sábado, en un nuevo capítulo del fuego cruzado que se ha vivido estos últimos días, el líder del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (Nueva Canarias), ha vuelto a prender la mecha de la confrontación al asegurar que el Ejecutivo nacional ha tomado esta decisión “metida con calzador, sin contar con Canarias”. “Nos tratan como a una colonia”, ha dicho.

“Se abre paso a la instalación de regasificadoras en el Archipiélago sin la perceptiva autorización administrativa. Esto es lo grave. [Se hace] sin contar con nadie, de manera arbitraria, como pasó con el Sáhara”, ha señalado Morales en referencia al último giro en política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) al aceptar la propuesta de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, una decisión ampliamente rechazada en el Parlamento de Canarias. “Nos impone una práctica rechazada por la sociedad y las instituciones de las Islas”.

La polémica saltó el miércoles. El real decreto ley aprobado por el Gobierno nacional para hacer frente al impacto económico de la guerra en Ucrania incluye la liberalización de la instalación en Canarias de las plantas regasificadoras. La norma exime de autorización previa la construcción de este tipo de instalaciones energéticas, vistas como claves para desprenderse paulatinamente de la dependencia del gas ruso.

Morales, al igual que hizo el miércoles, ha rechazado con aún más dureza la disposición este sábado. “Sin contar con nuestros parlamentos, con los cabildos insulares, que deben competencias en los territorios y decisiones estratégicas para las Islas”. Y en respuesta al presidente Torres, que dijo este viernes que “si es preciso” se aclarará el texto, ha pedido que no se haga uso del condicional. Que el decreto “se debe aclarar, se debe rectificar”.

“Durante muchos años hemos defendido que una regasificadora, con sus gaseoductos y su necesaria incorporación al gas ciudad para hacerla rentable, no tiene cabida en Canarias. Lo dice la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”, sostiene el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Torres, por otro lado, recalcó que el Gobierno prevé utilizar el gas para suministrar energía a buques y barcos, así como para el autoconsumo en las centrales térmicas.

“Pido al Parlamento autonómico la misma contundencia que ha tenido con el tema del Sáhara. Debe proceder igual. No se puede seguir manteniendo que las instalaciones de regasificadoras en nuestro Archipiélago se puedan llevar a cabo sin las perceptivas autorizaciones administrativas”, concluye Morales.

El Cabildo de Tenerife persiste en su empeño por una regasificadora en Granadilla

El Cabildo de Tenerife es de las pocas instituciones canarias que ha visto el decreto aprobado por el Gobierno como una oportunidad. Desde hace años, la corporación insular lucha por instalar una regasificadora en el puerto de Granadilla, donde se han invertido más de 200 millones de euros en los últimos 20 años y cuya actividad a día de hoy es prácticamente nula.

El presidente de la institución, Pedro Martín (PSOE), que gobierna en coalición con Ciudadanos, señaló este viernes que el gas “es la alternativa”, y que si se instala una regasificadora en el mar, “se podría retirar cuando no fuera necesaria”. Desde el Cabildo tinerfeño consideran que esta es la mejor opción hasta que la penetración de las energías renovables en Canarias se multiplique. En estos momentos, en torno al 20% de la energía demandada en las Islas es generada por renovables.