Podemos llevará al Gobierno canario a los tribunales si no declara zonas tensionadas allí donde hay más camas turísticas que vecinos

Podemos ha anunciado este viernes que llevará al Gobierno de Canarias a los tribunales si no declara zonas tensionadas de vivienda en las islas para poder limitar los precios de los alquileres, tras comprobar que en seis municipios ya hay más camas turísticas que vecinos.

Podemos urge, en concreto, esa declaración para los municipios donde se está produciendo esa circunstancia: Adeje, en Tenerife; Mogán y San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria; Yaiza y Tías, en Lanzarote; y Pájara, en Fuerteventura.

A su juicio, los datos que presentan esos seis ayuntamientos canarios “confirman la expulsión sistemática de vecinas y vecinos por un modelo turístico sin límites” y deben llevar a que se apliquen las medidas previstas en la Ley de Vivienda.

“En Yaiza, por ejemplo, ya hay más de 62 camas turísticas por cada 100 personas, un dato que ilustra un modelo urbano basado en la rotación económica y no en el derecho a habitar. Esta saturación vacacional es una evidencia del descontrol y la falta de planificación que favorece a fondos especulativos y expulsa a quienes sostienen los barrios: profesorado, sanitariado, personal de limpieza o del comercio local”, argumenta Podemos.

La secretaria general del partido en Canarias, la diputada Noemí Santana, reconoce que “el turismo puede ser fuente de riqueza”, pero exige que “no puede devorarlo todo”. “Si dejamos que la vivienda se convierta en producto financiero, lo que se expulsa no son solo personas, sino también la posibilidad misma de tener comunidad”, añade.

Santana asegura, además, que Podemos “propone una hoja de ruta concreta para reconvertir progresivamente viviendas turísticas en residencias habituales”, mediante incentivos fiscales para la reconversión voluntaria, penalizaciones a viviendas deshabitadas en zonas de alta demanda y cláusulas que obliguen al alquiler de larga duración en determinados casos.

Además, apuestan por dotar a los ayuntamientos de herramientas para zonificar el uso del suelo y “frenar la especulación”, tal y como permite la Ley estatal de Vivienda de 2023 y la Ley de Vivienda Vacacional que está a punto de aprobar el Parlamento canario.

“El 80% del crecimiento alojativo en Canarias en los últimos años se ha producido en viviendas de uso turístico, no en hoteles. Esta expansión coincide con un aumento récord en los precios del alquiler residencial, que ya consumen más del 55 % del salario medio de las personas en las islas”, denuncia Podemos.

Su líder en Canarias se pregunta, de hecho, “qué médica, qué docente o qué camarero va a poder vivir en las islas si todo está en Airbnb”, porque considera que esa es una cuestión “incómoda, pero urgente”.

El Gobierno de Canarias no ha aprobado hasta el momento ninguna declaración de zona tensionada en los municipios que lo han solicitado. De hecho, el Gobierno canario anunció en su momento que recurriría en los tribunales la Ley de Vivienda, cosa que finalmente no hizo porque se le venció el plazo para hacerlo al pensar que agosto era un mes inhábil.

El Ejecutivo regional, gobernado por CC y PP, ha manifestado en diversas ocasiones que para superar la crisis de vivienda declarada en las islas, la solución pasa por construir más. Para ello, ha previsto una nueva ley para permitir, entre otras cosas, reconvertir locales comerciales en viviendas o cambiar el uso del suelo.

Y eso pese a que en Canarias hay unas 210.000 vivienda vacías. Sin embargo, ninguna de las nuevas medidas contempladas por el Gobierno canario está orientada a recuperar esas viviendas para introducirlas en el mercado; tampoco a limitar los precios o a evitar que las nuevas construcciones acaben en manos de grandes tenedores o especuladores.