4 millones por desmantelar los astilleros tinerfeños
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz deberá abonar a la empresa Interburgo algo más de cuatro millones de euros por el desmantelamiento de los astilleros para construir la estación de contenedores del Dique del Este, frente al barrio de María Jiménez. En un principio el organismo estatal había fijado la indemnización en 1,8 millones, mientras que la empresa solicitó ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), poco más de ocho.
Interburgo defendió que ni siquiera era necesario eliminar los únicos astilleros que había en la isla para ampliar la estación de contenedores y rescatar la concesión, tal y como aparecía reflejado en los planes originales. Sin embargo, el TSJC echa en falta que la compañía plantee alguna prueba de estas afirmaciones y señala que sus responsables consultaron un proyecto que contenía errores de documentación. Por el contrario el Tribunal estima que ha quedado acreditado el interés portuario de las obras y la necesidad urgente de ocupación de los terrenos y bienes afectados.
A principios de la pasada década Puertos consideró imprescindible construir la nueva estación de contenedores dado que la de la Dársena de Los Llanos iba a quedar inoperativa y el grueso de la actividad comercial se desplazaría al puerto de Granadilla. Aunque el TSJC respalda la decisión de la Autoridad Portuaria de rescatar esta concesión, sin embargo, lamenta que a la hora de fijar la cuantía de la indemnización no se tengan en cuenta algunos valores como el coste de las obras ejecutadas que debían haber sido tasadas según su conservación y antigüedad.
El TSJC calculó un valor total en el momento del rescate de 11,6 millones por este concepto. Puertos tampoco incluyó los elementos desmontables que estaban en los astilleros sin dar más argumento que precisamente la posibilidad de ser trasladados a otro punto. Por ello, el TSJC indica que cuando estas piezas sean enajenadas el dinero obtenido se descontará de la compensación, una vez que se tenga también en cuenta el Índice de Precios al Consumo (IPC). El TSJC finalmente respalda que no se contemple el pago de indemnizaciones a los trabajadores por el cese de la actividad.
En este largo contencioso un capítulo que queda ya cerrado con una reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) es la posible responsabilidad en la que hubiese incurrido el organismo estatal por el descenso de la actividad en los astilleros durante sus últimos. Al respecto el TSJC primero y el Supremo ahora exime a Puertos de haber causado pérdidas en el negocio que Interburgo llegó a cuantificar en 4,7 millones. Este descenso se produjo por las noticias en las que se adelantaba que la concesión iba a ser recuperada y los astilleros desaparecerían.
Por su parte, el TSJC sólo cuantificó un déficit entre los años 2004 a 2006 de 1,4 millones. En la primera de esas fechas se aprobó el rescate, en 2005 se inició el proceso por impago de tasas desde el año 2000 y finalmente el procedimiento concluyó en 2006. De forma paralela se fue tramitando el proyecto para ampliar la estación de contenedores.
Interburgo denunció que las informaciones periodísticas en las que responsables de la Autoridad Portuaria confirmaban el inicio de las obras afectaron de forma notable a su negocio. Sin embargo, el TSJC considera lógico que estas noticias se fueran filtrado a los medios de comunicación dada la envergadura del proyecto y que éste venía recogido en el Plan Especial del Puerto. El Supremo acaba de inadmitir el recurso de los astilleros y por lo tanto ratifica la sentencia original.
