Multan con 200.000 euros a una empresa de áridos
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado la imposición de dos multas a una empresa que se dedicaba a extraer áridos de las canteras de Güímar. En concreto, se trata de Hermanos Morales Martín SL a la que por un lado el Gobierno canario le sanciona con 60.000 euros y por otro con más de 120.000. En ambos casos se trata de extracciones llevadas a cabo en el Barranco Badajoz sin autorización y con el resultado de que se modificaron las características medioambientales de este entorno.
Por ello, el TSJC obliga también a que los dueños de la empresa procedan a restituir a su estado original un tramo de más de medio kilómetro del barranco. La denuncia partió de varias comunidades de aguas, agricultores, colectivos ecologistas y casi 400 vecinos quienes alegaban que se estaba destruyendo el trazado original. El TSJC considera que la naturaleza pública del enclave viene recogida claramente en la Ley de Aguas y así aparece reflejado en el Plan Hidrológico Insular de Tenerife, a parte de en numerosos documentos suscritos por funcionarios del Cabildo. El problema surgió por que en estos momentos el cauce histórico está interrumpido, pero sin embargo el TSJC da por válidos los documentos que apuntan a que la extracción se desarrolló sobre el trazado original.
La superficie total de la cantera sobre la que se desarrollan los trabajos de extracción de áridos suma 177.470 metros cuadrados, de los que 22.220 pertenecen a esta empresa, mientras que la zona que quedó destrozada se extiende por 556 metros lineales. La empresa por su parte defendió que el área en la que se desarrollaron los trabajos de extracción de áridos no estaba considerada como cauce público y que el Gobierno de Canarias nunca demostró lo contrario sino tan sólo presentó un borrador que no había sido aprobado de forma definitiva.
Es más, la empresa manifestó que la cantera en la que trabajaban se encontraba alejada de este barranco y que contaba con permisos para llevar a cabo la actividad desde el año 1975. De hecho los representantes de la entidad llegaron a argumentar que el cauce afectado ni siquiera tenía nombre y que muchos de los daños detectados tenían su origen en las lluvias torrenciales. El Consejo Insular de Aguas obligó a esta compañía a presentar un proyecto para la regeneración de esta parte del cauce y financiarlo de su bolsillo. En caso contrario el Cabildo asumiría estas obras de forma subsidiaria de manera que luego tendría que pagarlas la empresa. Una decisión a la que el TSJC da su conformidad.
La explotación de las canteras de Güímar se ha convertido en uno de los principales problemas medioambientales de Tenerife. El pasado año el Gobierno de Canarias certificó que ninguna de las empresas que han venido operando en este entorno desde hace casi medio siglo contaban con autorizaciones mineras, durante todo el tiempo en el que han venido operando. El Cabildo y Ayuntamiento han elaborado un proyecto para recuperar este enclave y dedicarlo a uso agrícola, para lo que será necesario invertir 201,5 millones. En el año 2008 el Ayuntamiento decretó el cierre y precinto de la última de las instalaciones. No obstante, lo cierto es que la lucha en los tribunales ha sido desigual y algunas de las empresas han visto como la Justicia se ha puesto de su lado.
