Nueva Canarias apoya que los cabildos y los ayuntamientos puedan invertir el superávit

Nueva Canarias (NC) ha ratificado este jueves su respaldo a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que los ayuntamientos y los cabildos puedan invertir el superávit ocioso en las entidades financieras.

El coordinador territorial de NC, Luis Campos, mantiene, asimismo, que esta medida se extienda al Gobierno de Canarias y al resto de los ejecutivos territoriales y que se amplíe el área de inversión a las actuaciones de primera necesidad para la ciudadanía.

Antes de que Pedro Sánchez convocara las elecciones generales del pasado mes de abril, Campos recordó que, en octubre de 2018, Pedro Quevedo (NC) planteó diversas enmiendas a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 para que las corporaciones locales y los gobiernos autonómicos pudieran invertir el superávit acumulado en servicios públicos esenciales.

Ese trabajo, según Luis Campos, muestra el compromiso de NC para lograr que el dinero ocioso de las administraciones públicas se revierta en el bienestar de los canarios.

Un compromiso, reitera, que también se incluyó en el programa electoral que defendió Pedro Quevedo en los comicios generales del pasado 10 de noviembre, como candidato del nacionalismo canario.

Con todo ello, el coordinador territorial respalda a la FEMP para que el Gobierno estatal disponga un decreto ley que permita invertir los excedentes financieros en las inversiones sostenibles y duraderas.

“Ha llegado el momento” de que “todas” las administraciones públicas locales de la comunidad utilicen los más de 800 millones de euros de superávit acumulados en los bancos, según los datos hechos públicos por el Ejecutivo canario hace poco más de un año, y que supondrían el doble de lo acumulado por el Gobierno regional.

Tal y como aseguró el dirigente nacionalista, se hace necesario que se faciliten todos los instrumentos financieros disponibles “a nuestro alcance” para impulsar la economía.

Por ello, y porque “no sería razonable” que una parte de los presupuestos de las corporaciones locales y los gobiernos territoriales se dediquen a pagar intereses a los bancos por tener este dinero en depósito, “llega la hora para que los ciudadanos, los grandes sufridores de la política de la austeridad, vean una mejora” en sus infraestructuras y servicios.