La Oliva obstruye al Diputado del Común
Al igual que en 2011, el Ayuntamiento de La Oliva, que dirige la expresidenta de CC y actual diputada Claudina Morales, sigue siendo el mayor obstruccionista a los requerimientos del Diputado de Común. Una actitud que, además, se ha hecho extensiva a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.
Así lo ha desvelado este jueves el propio Jerónimo Saavedra en los pasillos del Parlamento tras hacer entrega al presidente de la Cámara, Antonio Castro, del informe del año 2012. “Precisamente, el Ayuntamiento de La Oliva aparece también en el informe de la Defensora del Pueblo como uno de los que no remiten la información requerida a la institución ni contesta a los requerimientos”, afirmó Saavedra.
El informe que Becerril presentó en el Congreso el miércoles afirma que se solicitó informe al Ayuntamiento de La Oliva “el 19 de mayo de 2010, acerca de la falta de servicios de una vivienda a la que se le ha otorgado la cédula de habitabilidad”. “Después de reiterar un tercer requerimiento se procedió al cierre el 4 de diciembre de 2012”, sin existir contestación por parte del municipio que dirige Morales.
En este punto, Saavedra recordó, como ya hiciera hace un mes respecto a la falta de colaboración del Gobierno regional en los asuntos relativos a la Ley de Dependencia, que “pueden ser acusados ante la Fiscalía por el delito de desobediencia de funcionario público”.
En concreto, el artículo 34 de la Ley del Diputado del Común asegura que la “actuación de una autoridad, funcionario o empleado público, que dificulte, sin una justificación adecuada, la investigación de una queja, será considerada obstruccionista y entorpecedora de las funciones del Diputado del Común y podrá hacerse pública de inmediato a través del Boletín Oficial del Parlamento de Canarias”. Igualmente, “dicha actitud podrá ser puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos previstos en el Código Penal”.
Reiterado entorpecimiento
La actitud de entorpecedora de La Oliva no es nueva, pues ya aparecía como obstruccionista en el informe de 2011, junto a los municipios de La Orotava, Antigüa, Pájara y Puerto del Rosario y la Dirección General de Tributos de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, Saavedra ha dicho que la decisión de ir a la Fiscalía “hay que hacerla con mucha responsabilidad”, y con una denuncia muy bien fundamentada “para evitar que luego la archive”, lo que será contraproducente para el Diputado del Común o la Defensora del Pueblo.
Según Saavedra, son precisamente las administraciones municipales las destinatarias del mayor número de quejas se reciben y hay ayuntamientos que no responden o lo hacen tarde, o que incluso reconociendo la queja del ciudadano no la solucionan. Las protestas al Diputado del Común se refieren, sobre todo, al cobro indebido de impuestos, tasas o multas o referidas a obras menores ilegales que los municipios no solucionan.
