Pepa Luzardo, imputada por presunta prevaricación en el caso del Canódromo
El magistrado que instruye el caso del Canódromo ha aclarado la tarde de este jueves, a través del gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que la ex alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo (PP), y el ex concejal de Urbanismo, Felipe Afonso El Jaber (PP), han sido citados a declarar en calidad de imputados por un presunto delito de prevaricación. El magistrado Tomás Martín Rodríguez matizó la situación procesal de los dos políticos del PP al trascender la citación de ambos, sin quedar claro si acudían en calidad de testigos o imputados.
En la nota oficial del TSJC, el magistrado indica que “que a partir de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, respecto a las licencias de demolición y excavación en los terrenos conocidos como el canódromo, y las posibles irregularidades cometidas en la adopción de esos acuerdos, por la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas, ha decidido citar como imputados a Josefa Luzardo ex alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y al concejal de urbanismo del mismo ayuntamiento Alfonso El-jaber por los presuntos delitos de prevaricación”.
Durante la mañana de este jueves, la agencia ACN informaba que el juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha citado a declarar a los concejales del Ayuntamiento de la capital Pepa Luzardo y Felipe Afonso El Jaber, para el próximo día 8 de mayo en relación con las diligencias previas abiertas a instancias de la Audiencia Provincial para determinar si el Ayuntamiento concedió la licencia de construcción a la empresa Realia de las denominadas torres del Canódromo en el momento en que estaba suspendido cautelarmente el plan especial que afecta a esa parcela.
La declaración de Luzardo y Afonso, igual que posiblemente las del resto de miembros de la comisión municipal de gobierno del Ayuntamiento existente en abril de 2004, todos ellos en aquel momento ediles del PP, se produce a instancias de la sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que hace dos meses dictó un auto por el que ordenaba al juzgado de instrucción que se practicasen diligencias penales al efecto.
La Audiencia quiere saber si la comisión de gobierno, entonces presidida por Pepa Luzardo, otorgó en abril de 2004 “a sabiendas” la licencia de excavación de las torres del Canódromo en un momento en el que el Plan Especial de dicha parcela se encontraba suspendido cautelarmente por la Justicia.
El auto de la Audiencia señalaba textalmente que aunque “no sabemos si la licencia para excavación y contención [en el mismo lugar donde se empezarían más tarde a construir las torres del Canódromo] supone un acto de ejecución. En cualquier caso, parece evidente que estaban orientadas al levantamiento de dos edificios de viviendas”.
Las dudas del juez
Además, el juez se preguntaba si “conocían” los concejales del gobierno local “la ilegalidad de la actuación” y si “desconocían la suspensión” judicial del Plan Especial del Canódromo. En el auto se planteaba, por último, la cuestión de si los concejales de la mayoría local del PP “concedieron las licencias que nos ocupan a sabiendas de la suspensión del Plan Especial”.
Este auto fue dictado como estimación del recurso de apelación presentado en 2004 por la concejala Nardy Barrios, entonces en la oposición del Ayuntamiento y ahora titular del área de Fomento y Servicios Públicos de la corporación, contra la resolución que autorizaba el Plan Especial del Canódromo. Esta había sido suspendida cautelarmente por el juzgado a raíz de una demanda presentada por la empresa Man Electricidad, que reclamaba parte de la parcela donde se iban a construir las torres.
