El personal laboral de la Comunidad ya dobla en número al de funcionarios

destapa las vergüenzas

El prolijo informe realizado por el Servicio de Control de Gestión de los Recursos Humanos de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, con datos actualizados a julio de 2006, disecciona desde la distribución del personal al servicio de la Administración Pública en Canarias, su localización territorial o su elevada tasa de temporalidad, hasta el clima laboral existente entre los trabajadores de la Comunidad, pasando por la perspectiva financiera a través de los gastos de personal por los diferentes sectores de la Administración autonómica. Y sus conclusiones, a través de las propuestas de medidas de actuación planteadas, son contundentes.

El dato mas relevante de la auditoría firmada por el anterior interventor general, Jesús Velayos Morales, refleja que entre los 69.111 trabajadores al servicio de la Comunidad a principios de 2006, entre el personal de la administración general adscrito a las consejerías del Gobierno de Canarias los funcionarios son 3.091 y los trabajadores laborales, más del doble: 6.794, un hecho que la Intervención General considera negativo para el correcto funcionamiento de la administración, y ante el que propone posibilitar el acceso a los cuerpos de funcionarios del personal laboral fijo que ocupe alguno de los puestos que reuniesen los requisitos necesarios.

Este dato se refiere en exclusiva a la Función Pública General, con 9.966 empleados, sin contar con la Función Pública Docente (24.968 empleados, de los cuales sólo 433 no son funcionarios) y el personal funcionario adscrito a la Administración de Justicia (2.026), que en global suponen 36.960 efectivos dependientes de la administración general, excluyendo a los organismos autónomos y a las entidades públicas no empresariales, que elevan la cifra a 69.111 empleados.

Una política laboral obsoleta que repercute en la calidad del servicio

Entiende la Intervención General que la agilización de la gestión está permanentemente cuestionada en la Administración Pública, y que las medidas que se aplican para alcanzar esa agilización “se quedan en la simple supresión de algunos trámites administrativos que claramente se duplican y, por el contrario, no se adoptan medidas que hagan sostenible en el tiempo la dinámica tendente a la persecución permanente de su mejora”.

Por ello, apunta la auditoría que “las verdaderas medidas” que se deben tomar para alcanzar una administración pública ágil, eficaz y moderna “exigen un cambio en las premisas que mantienen las personas en el seno de la organización”, cuyo “punto de referencia” debe ser “las personas que gestionan los procesos y no los procesos concretos exclusivamente”.

Las medidas a adoptar, a juicio de la Intervención General, deberían centrarse en “la implementación homogénea de la administración por objetivos en el seno del Gobierno de Canarias”, estableciendo “un marco coherente de objetivos concretos y de indicadores de cumplimiento”, para evitar la “dispersión o la duplicidad de esfuerzos y proyectos de gestión administrativa”, una cuestión que a la luz del informe de la Intervención “recibe un tratamiento dispar por parte de los distintos centros directivos” de la Comunidad.

Aparte de considerar vital la funcionarización del personal laboral ya reseñada -la Comunidad no convoca un concurso para funcionarios desde 2000, y éste está en un proceso judicial que puede acabar en breve con su nulidad en sentencia firme-, la Intervención General cree necesaria la sustitución del modelo de control tradicional, la “función interventora”, en el área de gastos de personal, basado exclusivamente en la verificación del cumplimiento de los aspectos legales, y aplicar el control financiero, en el que el control de la legalidad se complemente con las características del “control de gestión”.

Apunta además la necesidad de introducir progresivamente los principios de la “nueva gestión pública” en la normativa propia de la gestión presupuestaria, ante la excesiva intervención previa de los órganos de control presupuestario en los distintos procedimientos administrativos, para poner énfasis en la fase de medición y evaluación de los resultados de la gestión y en sus consecuencias, en lugar de la fase previa de asignación de recursos, lo que se denomina negociación presupuestaria.

Es lo que en el paradigma conocido como Nueva Gestión Pública o gerencialismo público, “orientador de las últimas reformas en las administraciones públicas de los países de la OCDE, implica pasar del concepto de administrar (siguiendo instrucciones) al de gestión (conseguir resultados)”.