La Policía lagunera duda de la legalidad del servicio de grúas
El embrollo en torno a las supuestas irregularidades en el servicio de retirada e inmovilización de vehículos del Ayuntamiento de La Laguna alcanza también a la Policía Local del municipio. Los representantes de cuatro sindicatos de este cuerpo (USO, STAP, UGT y ASIPAL) han elevado un escrito al concejal de Seguridad Ciudadanía, José Alberto Díaz, para reclamarle garantías, con pruebas y documentación, de la legalidad y legitimidad del servicio prestado por Autogrúas Poli, que lleva operando desde enero sin la pertinente tarjeta de transporte.
Los agentes temen estar amparando irregularidades o, incluso, ilegalidades con su participación, en el ejercicio de su autoridad, en las actuaciones que lleva a cabo esta contrata del Consistorio. Un portavoz sindical consultado por Canarias Ahora ha anunciado que, en caso de confirmarse las infracciones de la concesionaria, las centrales llevarán el asunto a los juzgados y paralizarán de inmediato sus intervenciones en la retirada de los vehículos.
Un grupo de trabajadores de Autogrúas Poli ha denunciado una serie de incumplimientos del pliego de condiciones de la concesión por parte de los propietarios de la empresa, que se hicieron cargo de la misma en abril de 2011 en una polémica operación de compraventa que ha acabado en los juzgados. El antiguo administrador de la sociedad compareció en septiembre ante la Guardia Civil para denunciar que había sufrido presiones del alcalde del municipio, Fernando Clavijo (CC), para vender la compañía a siete empleados con “un vínculo directo o indirecto” con el regidor.
Posteriormente, a finales de noviembre, Autogrúas Poli acometió una serie de modificaciones en sus estatutos, cesando a los miembros del Consejo de Administración y nombrando a un administrador único, el órgano que existía antes de la venta de la concesión, en una operación que ha levantado las sospechas de los denunciantes del caso.
Además de operar sin la autorización de transporte, motivo por el que ya ha recibido la advertencia del Cabildo de Tenerife, la empresa debe cinco meses de salario a sus trabajadores y, según sostienen sus empleados, incumple la obligación de mantener las grúas en buen estado, llegando a circular alguna de ellas sin la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) en regla. Estos hechos han sido puestos en conocimiento de los tribunales y de la Guardia Civil, así como la presunta sustracción de piezas de vehículos para su posterior venta irregular.
Por todo ello, la Policía Local de La Laguna ha pedido al concejal del área y al alcalde “que esclarezcan de forma contundente si el servicio está o no dentro de la legalidad”. Las fuentes consultadas consideran que hay manifiestos visos de ilegalidad en la gestión de la concesión de grúas y advierten que, de ratificarse los mismos, la colaboración de la Policía Local en el servicio dañaría la imagen del cuerpo. “Sería un bochorno y un escándalo estar utilizando un servicio ilegal para ejercer la legalidad”, señala un portavoz sindical.
“Los policías actuantes podrían estar cometiendo infracciones actuando sobre otros, lo que supone una irresponsabilidad y una incongruencia”, sentencian los sindicatos, quienes lamentan que el Ayuntamiento esté tramitando el asunto “a espaldas” de los representantes de los trabajadores y no les informe de la situación de la empresa.
Ignacio Viciana, ooncejal de SxTF-Equo en el Ayuntamiento de La Laguna, preguntó este jueves en el pleno del Consistorio al responsable de Seguridad Ciudadana por el caso de las grúas, pero José Alberto Díaz aplazó su respuesta hasta la próxima sesión plenaria, correspondiente al mes de enero.
