La Policía busca al dueño de una residencia de ancianos que se quedó con sus tarjetas de crédito y las llaves de sus casas
El Cuerpo Nacional de Policía busca al dueño de una residencia de ancianos presuntamente ilegal que este viernes fue precintada por orden de la juez de Instrucción 2 de Telde, Virginia Peña, tras serias sospechas de que podría haberse quedado con bienes y patrimonio de las personas allí ingresadas. A primeras horas de la tarde de este viernes, la Policía precintó las instalaciones, situadas en el barrio de Ojos de Garza, al tiempo que el Cabildo de Gran Canaria reubicaba a los diez ancianos en centros de su titularidad.
La Policía ha detenido un hombre, presumiblemente el encargado del centro, que no cuenta con licencia para ejercer esta actividad.
El caso se destapó accidentalmente gracias a la denuncia de un particular que acudió a la Policía al serle imposible contactar telefónicamente con su hermano, residente en el inmueble, y verificar que le había sido retirado su teléfono móvil en contra de su voluntad. Lo que en un principio pudo haber sido una investigación de trámite ha tomado otra dimensión al descubrirse que la residencia es ilegal, que no reúne en algunos aspectos las mínimas normas de habitabilidad y que dos de los diez internos estaban incapacitados judicialmente y otros cinco estaban ya en curso de serlo.
La causa ha sido declarada secreta por la juez porque se intenta localizar al dueño de la residencia de ancianos, del que se sospecha pudiera haber aprovechado la vulnerabilidad legal y física de algunos de sus clientes para supuestamente quedarse con las tarjetas de crédito y con las llaves de las viviendas de su propiedad. Las pesquisas lograron descubrir que todos ellos están adscritos a un mismo centro de salud, lo que ha hecho sospechar que han sido empadronados en lugares distintos a sus viviendas anteriores.
En algunas de esas viviendas se han producido cambios en las cerraduras de las puertas sin que sus propietarios lo hubieran autorizado.
Se da la circunstancia de que la Fiscalía Provincial de Las Palmas había cursado recientemente una inspección a esa supuesta residencia de ancianos por los mismos hechos ahora investigados sin apreciar nada que le condujera a actuar en el ejercicio de sus atribuciones.
Esa actuación del Ministerio Público, que no se llegó a judicializar, se inició a raíz de una denuncia anónima de un familiar. Tras unas diligencias que se extendieron por espacio de varios meses, todo acabó con un decreto de archivo del fiscal en el que se recogía un relato pormenorizado de los delitos que allí se podían haber estado cometiendo. Pero la Fiscalía decidió archivar.
Personas que han podido acceder al interior de la residencia ilegal relatan un estado de la vivienda insalubre, con comida no adecuada para las personas residentes, con escaleras que en algunos de sus tramos apenas alcanzan el metro sesenta de altura, sin rampas ni ascensores para las personas alojadas.
La mayoría de los residentes, ahora trasladados a recursos del Cabildo de Gran Canaria son dependientes o grandes dependientes. Incluso uno de ellos tiene una de sus piernas amputadas.
