El presidente del Parlamento canario asegura que habrá ley electoral antes de que acabe el año

El próximo 23 de noviembre se llevará al pleno del Parlamento de Canarias la toma en consideración de la ley electoral como proyecto de ley para que pueda ser aprobada de manera definitiva antes de finales de año.

Esto tendría que haber ocurrido antes del 6 de noviembre, tal y como establece la Disposición Transitoria Primera del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, en vigor desde finales de 2018, que exige, en su artículo 39, la aprobación de una ley electoral para el archipiélago en un plazo de tres años (vencido la semana pasada).

Ante este retraso, el presidente de la Cámara, Gustavo Matos, ha recordado que la Presidencia del Parlamento encargó un borrador de texto de ley con la incorporación de los criterios con los que se concurrió a las elecciones en 2019 y que fue fruto de un consenso entre los partidos políticos.

Ese borrador se trasladó a la Mesa y los grupos parlamentarios, que mostraron su conformidad con la aprobación de la ley en esos términos, sin perjuicio de que cada uno siguiera, de cara al futuro, manteniendo su criterio sobre algunos aspectos del sistema electoral. Se aportaron algunas correcciones técnicas que se han ido incorporando al borrador y los grupos mostraron su acuerdo en la tramitación rápida de la ley en esos términos.

Gustavo Matos ha señalado que la actividad legislativa se ha visto condicionada en esta décima legislatura primero por la pandemia y, después, por la crisis vulcanológica, “pero habrá ley antes de que acabe este periodo de sesiones”, subrayó el presidente.

Pandemia y otros 'retrasos'

El pasado mes de agosto este periódico ya informó de que no iba a cumplirse lo dispuesto en el renovado Estatuto de Autonomía y, en aquel momento, fuentes parlamentarias no solo señalaron a la pandemia como motivo del estancamiento, sino que también sugirieron que una reforma electoral más ambiciosa, con una lista autonómica mayor (la de ahora solo recoge nueve diputados), es un tema peliagudo por el rechazo que han manifestado Coalición Canaria (CC) y Agrupación Socialista Gomera (ASG), presidida por Casimiro Curbelo. Este partido es el ejemplo paradigmático de la ley electoral vigente en Canarias, ya que se da el caso de que con apenas 6.000 votos tiene tres diputados en el Parlamento, mientras que Podemos, con alrededor de 80.000 papeletas, tiene cuatro, solo uno más que ASG. 

La ley actual, que tendría que haberse modificado ya, sigue reconociendo un valor de voto mucho mayor (de 13/1) para los habitantes de las islas no capitalinas. El resultado final es que el 17% de la población canaria elige a la mitad del Parlamento autonómico y el 83% restante, a la otra mitad. Y esta regla es la que desea conservar el líder de ASG, Casimiro Curbelo, ya que cambiar la ley por una más proporcional reduciría su influencia dentro del tablero político del Archipiélago. Con una ley más justa, la influencia de ASG en la política canaria quedaría relegada a un papel mucho menos determinante, de ahí que dentro del Parlamento, además de pandemias y otras cuestiones logísticas, haya también movimientos para que esa reforma no vea la luz.

Por ahora ya se ha consumado el incumplimiento del plazo, y por tanto, se ha vulnerado el Estatuto de Autonomía por la propia Cámara regional sin que los partidos que la conforman hayan armado ningún revuelo ni se hayan manifestado en contra de este incumplimiento.