Los psicólogos se sienten ''discriminados'' por la Ley de Colegios Profesionales
El decano del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas, Francisco Sánchez, ha reclamado este lunes modificar el anteproyecto de nueva Ley de Colegios Profesionales aprobado por el Consejo de Ministros hace un mes, porque considera que “discrimina a 56.000 profesionales” de su sector.
El anteproyecto “va en contra del actual sistema de colegiación en España, que protege al usuario y no impide la liberalización del sector profesional”, sostiene en un comunicado difundido por el Colegio de Psicología provincial Sánchez, que ha expuesto recientemente sus reclamaciones a diputados del Partido Popular.
En concreto, el decano de los psicólogos de Las Palmas se ha reunido con los parlamentarios populares por la provincia Guillermo Mariscal y Matilde Asián, a fin de solicitarles la modificación del texto.
De ese modo, Francisco Sánchez ha iniciado una ronda de contactos en la que prevé entrevistarse también con otros representantes políticos a los que pedirá que presenten enmiendas al texto legal durante su tramitación, a fin de que se atiendan las demandas de su colectivo profesional, se destaca en la nota.
En ella se argumenta, en palabras de Sánchez, que “a la hora de llevar a cabo cualquier liberalización del sector hay que tener en cuenta que cuando se habla de profesiones colegiadas nos referimos a derechos fundamentales, ya que su ejercicio afecta directamente a la salud, la seguridad, el patrimonio, los bienes, los servicios generales o el medio ambiente”.
Un planteamiento este que ya formulara semanas atrás la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias, que expresó su “discrepancia y preocupación” por el referido anteproyecto de ley desde la afirmación de que perjudica al interés general y a los derechos de los ciudadanos.
A su juicio, promueve una liberalización que conduce a que los colegios pierdan “su función de vigilancia sobre el servicio prestado por sus profesionales de manera que se garantice a los ciudadanos la máxima calidad de dichos servicios”.
La Asociación de Colegios Profesionales de Canarias además acusaba al Gobierno de “falta de interlocución para la elaboración de este anteproyecto” e insistía en “la necesidad de mantener la colegiación, no solo en las profesiones jurídicas, sanitarias o técnicas, sino también en todas aquellas en las que la falta de vigilancia por parte de los colegios profesionales pudiera tener efectos negativos sobre el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, como es el caso del intrusismo”.
