Puertos deberá pagar 6,8 millones de euros a SCTF

La Audiencia Nacional (AN) ha dado la razón al Tribunal Económico Administrativo de Canarias (TEAC) a la hora de fijar que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife debe abonar 1,7 millones de euros al Ayuntamiento de Santa Cruz correspondiente al impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE) desde 2008 a 2011, lo que suma 6,8 millones. En el primero de estos ejercicios fue cuando se incrementó el canon que fija el Estado y sobre el que luego los municipios imponen su gravamen que oscila entre un 0,4 y un 1,3 y que durante estos años fue siempre el máximo.

A la cifra habría que sumarle lo que adeudan por los otros puertos de la provincia en los que de forma reiterada los tribunales han venido dándole la razón a los ayuntamientos respectivos. Así ocurrió con Valverde, donde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) obligó a Puertos a desembolsar 600.000 euros por año desde 2008.

Desde un principio el organismo estatal no estuvo de acuerdo con la valoración que el Catastro hizo de los terrenos de su propiedad al negarse por ejemplo a que contabilizaran las zonas verdes, paseos, los que no tienen uso estrictamente portuario, los que están dentro de dominio público de Costas o los ganados al mar. Sin embargo, la Audiencia refleja una larga cadena de sentencias emitidas durante los últimos años y que en todos los casos han rechazado estos argumentos.

“El puerto se concibe como un conjunto en el que no es posible aislar trozos, en los que solo y exclusivamente se desarrollan indeterminadas tareas y además no resulta claro lo que entiende la actora por tareas portuarias y dejar fuera del mismo cualquier otro terreno sobre el que las mismas no se desarrollan”, se indica en la sentencia.

El enfrentamiento en el caso de Santa Cruz llegó al punto de que la Corporación local amenazó con embargar las propiedades de la Autoridad Portuaria. Incluso se hizo una relación de los bienes que poseía. Así se determinó que el principal valor que tiene el organismo son las obras de abrigo realizadas, que alcanzan un valor patrimonial de casi 131 millones de euros.

Las discrepancias entre Puertos y el Ayuntamiento se remonta al año 2005, momento en el que la Corporación local reclamó el pago de 341.500 euros, de los que sólo se abonaron 47.0000. Un año más tarde se debían algo más de 348.000 euros, de los que se pagaron 48.000. Pero la mayor diferencia se produjo en 2008 cuando de pronto el Ayuntamiento reclamó el pago de 1,7 millones de euros de los que Puertos sólo se avino a desembolsar 22.000.

Lo abultado de estas cantidades se debe a que el organismo ocupa 12 kilómetros de costa entre la avenida de Anaga y San Andrés. A partir de 2008 el Ayuntamiento de la capital ha venido reclamando ejercicio tras ejercicio el pago de 1,7 millones. Puertos recurrió ante la Audiencia Nacional la ponencia de valores realizadas por el Catastro sobre la que se fijó esta cuota y que había sido avalada por el TEAC. Ahora la AN por medio de esta sentencia confirma el pago de estas cantidades y le da la razón tanto al Ayuntamiento de Santa Cruz como al de los otros municipios en los que se encuentran este tipo de infraestructuras como son el de Santa Cruz de La Palma, Valverde, Arona y San Sebastián de La Gomera.

Cuando José Manuel Bermúdez accedió al puesto de alcalde en 2011 mantuvo un encuentro con el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Rodríguez Zaragoza, en el que se decidió retirar los contenciosos que en aquellos momentos se estaban decidiendo en los juzgados. En concreto, la Corporación local había presentado dos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por el impago de este impuesto correspondiente a los años 2008 y 2009 aunque Puertos mantuvo esta reclamación contra el TEAC.

Desde que Bermúdez llegó a la Alcaldía de Santa Cruz se ha intentado alcanzar un acuerdo con Puertos rebajando la cuota que debe abonar por la ocupación del suelo a cambio de ciertas contraprestaciones como es la cesión de suelo a la ciudad y una mayor colaboración entre ambas entidades.