Puertos y Santa Cruz firman la paz fiscal

La Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han firmado ya la paz fiscal que durante años les mantuvo enfrentados. Desde al menos 2008 el organismo estatal y la Corporación local discrepaban sobre la cantidad que la primera debía pagar en concepto del impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE) por la ocupación de los dos millones y medio de metros cuadrado de suelo que se reparte a lo largo de 12 kilómetros de costa.

Ahora finalmente se ha llegado a un acuerdo y Puertos ha abonado las facturas de 2008, 2009 y 2010 que sumaban 1,7 millones en cada uno de estos ejercicios. Sin embargo, en 2011, cuando José Manuel Bermúdez llega a la Alcaldía decide atender la petición del presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Rodríguez Zaragoza, quien se quejaba de que les resultaba imposible desembolsar las cantidades que desde 2008 les venían exigiendo.

Por ello, ya en 2011 la cifra se redujo a casi 314.000 euros, en 2012 bajó aún más y se situó en 280.200 euros y en este ejercicio se ha elevado un poco hasta los 290.350 euros. Pero además, en el presente ejercicio Puertos ha tenido que abonar otros 294.500 euros que debía de los años en los que se enfrentó a la Corporación local y el Catastro por el pago del BICE, con lo cual las deudas se dan por zanjadas.

Después de diversos ajustes por ambas partes finalmente ha terminado el conflicto que alcanzó su punto más álgido en 2009. Entonces el concejal de Economía y Hacienda, Ángel Llanos, amenazó con cobrarse por las buenas o por las malas las cantidades debidas, llegando incluso al embargo. Desde que Bermúdez está en la Alcaldía se ha intentado avanzar en el entendimiento y así por ejemplo en 2012 el organismo estatal se vio exento de un incremento acordado por Consejo de Ministros que sin embargo sí afectó al resto de chicharreros.

De manera que proporcionalmente cualquier vecino de Santa Cruz pagó más por este impuesto que la propia Autoridad Portuaria o la Refinería, por ejemplo. Desde el Ayuntamiento se ratificaba el lunes que una vez que ha culminado la presente campaña de recaudación por la vía voluntaria el organismo estatal ha cumplido con sus obligaciones y no adeuda cantidad alguna a la ciudad.

Lo cierto es tampoco le quedaban muchas más salidas a Puertos ya que sus incursiones en los tribunales no le han resultado precisamente favorables. Ahora han trascendido dos sentencias de la Sala Primera del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que se rechazan sus argumentos en contra de la valoración de varias parcelas por las que se fija lo que deben pagar por BICE.

En total se trataban de cuatro unidades cuyo valor global ascendía a 1,6 millones. Puertos había alegado que en ciertos casos se daba la circunstancia de que estos solares estaban ocupados por concesionarias con lo que bajo su punto de vista debían ser éstas las que cumplieran con las obligaciones fiscales.

En todos los recursos el organismo estatal ha manifestado sin ningún resultado a su favor que los bienes que se encuentran en suelo público no tienen porque pagar el IBI. Otro tanto ocurrió con sus argumentos de que se habían valorado excesivamente al alza tanto las construcciones convencionales como las singulares. Tampoco estaban de acuerdo con los baremos que se fijaban para determinar el valor de los solares según su antigüedad y defendían que los puertos deportivos no deben ser considerados BICE.

Igualmente, en todos los recursos Puertos ha venido manifestando que no se deben contabilizar los diques, rellenos y demás zonas de abrigo. Sin embargo, el TSJC apunta que estos argumentos no pueden prosperar en cuanto que el puerto se concibe “como un conjunto en el que no es posible aislar trozos en los que solo y exclusivamente se desarrollan indeterminadas tareas portuarias, -concepto que no queda claro- y dejar fuera cualquier otro terreno sobre el que las mismas no se desarrollarán”.

El enfrentamiento tiene su origen en que en el año 2007 tanto el Ayuntamiento como el Gobierno central subieron al máximo el coeficiente de este impuesto con lo cual a Puertos se le pasó de reclamarle 350.000 euros a 1,7 millones y así se mantuvo hasta 2010. La estrategia del organismo estatal fue la de abonar las cantidades que consideraba que se ajustaban a la realidad y sólo cuando las resoluciones se iban pronunciando en su contra se avino a pagar la totalidad de lo reclamado.

Así hasta este mismo año en el que ha tenido que desembolsar 294.000 euros, la cantidad última que restaba por pagar, a no ser que futuros recursos digan lo contrario. Pero al menos desde el Ayuntamiento se indica que la paz fiscal parece ya definitivamente firmada.