El 'puzzle urbanístico' de Residencial Anaga
Sentencias firmes la mayoría de las cuales no se cumplen, supuestos tratos de favor y una maraña de procesos judiciales y administrativos abiertos se reparten por una de las laderas más problemáticas y privilegiadas de Santa Cruz. La que conforma Ifara y Residencial Anaga. Un enclave de lujo que atraía a compradores de alto poder adquisitivo por sus vistas panorámicas sobre la ciudad. Sin embargo, durante una época la Gerencia de Urbanismo permitió alturas que superaban las recogidas en el Plan General de Ordenación (PGO) y se otorgaron licencias que daban vía libre a edificios que tapaban a los que estaban situados a sus espaldas.
El principal atractivo de este Distrito se convirtió así en una ratonera y el resultado ha sido un cruce de denuncias y procedimientos judiciales. Al menos seis sentencias firmes apuntan ya el derribo de parte o la totalidad de otras tantas viviendas unifamiliares o edificios enteros pero tan sólo se han ejecutado dos. En todos los casos el responsable último ha sido el Ayuntamiento por otorgar licencias que iban en contra del ordenamiento urbanístico. Las indemnizaciones hasta ahora han oscilado entre los 150.000 y los 300.000 euros.
Sólo en Residencial Anaga hay otros cuatro fallos judiciales firmes pendientes de ejecución que se retrasan en el tiempo sin demasiadas explicaciones. Los propietarios tienen sus esperanzas puestas en el nuevo PGO pero desde Urbanismo se indica que están dispuestos a hacer cumplir la ley hasta sus últimas consecuencias.
Entre los propietarios afectados por estos fallos judiciales está el diputado nacional y consejero insular del Partido Popular (PP), Manuel Torres quien construyó su chalet siendo viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno canario gracias a una licencia otorgada por Pablo Matos, también del PP, que en aquel entonces era concejal de Urbanismo. Su casa supera en cinco metros lo permitido por las normas. Curiosamente la de los propietarios de la conocida como Casa Roja que fue objeto de demolición sólo se elevaba medio metro. Mientras se deshoja la margarita la Gerencia de Urbanismo ha optado por meter las viviendas afectadas en ese cajón de sastre en el que se ha convertido la figura del fuera de ordenación. En esta zona residencial se concreta la contradicción de que viviendas de alto standing sin embargo no cuentan con zonas recreativas, dotaciones públicas o espacios verdes comunitarios más allá de sus propios jardines.
Los problemas urbanísticos en Residencial Anaga e Ifara se han convertido en uno de los más recurrentes del urbanismo de Santa Cruz. De hecho, en la segunda ocasión en el que la revisión del PGO salió a información pública en 2006, centró la mayor parte de las alegaciones y de las preocupaciones de los vecinos que veían como las privilegiadas vistas quedaban obstruidas por la construcción de otras viviendas. La posición de la Gerencia de Urbanismo históricamente no ha resultado demasiado clara y en no pocas ocasiones los juzgados han emitido resoluciones dándole severos tirones de oreja o bien acusando al Ayuntamiento de una sospechosa inactividad a la hora de hacer cumplir la legalidad.
En todos los casos se trata de irregularidades urbanísticas que tienen su origen a finales de la década de los años noventa. Los tribunales incluso llegaron a acusar a Urbanismo de intentar evadir el contenido de las sentencias amparándose en que las irregularidades habían prescrito. Igualmente, los jueces han puesto en duda el interés del Ayuntamiento para hacer cumplir la ley. Los tribunales han comunicado ya que las resoluciones judiciales son firmes, de manera que contra las mismas no cabe interponer ningún tipo de recurso administrativo, por lo que la ejecución de los fallos debería haber sido inminente hace ya tiempo. En su momento un grupo de vecinos emprendió una batalla para intentar incluir en el nuevo PGO, aún en período de revisión, algún tipo de medida con el fin de legalizar las viviendas cuestionadas pero la propuesta finalmente no salió adelante.
Las demoliciones llevadas a cabo se han centrado en la conocida como Casa Roja y el edificio Mogán. En el primer caso se trataba de un chalet que incumplió determinadas normas en la altura de los muros. Fue denunciado por los vecinos y finalmente los tribunales les dieron la razón. Sus propietarios iniciaron entonces un éxodo de denuncias públicas al considerar que habían sido objeto de una clara discriminación.
Lo cierto es que todos los fallos admitieron que efectivamente se concedió en su momento una licencia que no se ajustó a las normas de este entorno. La Gerencia de Urbanismo se comprometió a pagarles la redacción del proyecto, les entregó unos 150.000 euros para construir la nueva casa y otra licencia. Curiosamente, aunque todo el mundo daba por hecho que iban a ganar en los tribunales lo cierto es que su incursión en este terreno no resultó demasiado favorable. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y el Tribunal Supremo (TS) indicaron que la responsabilidad del Ayuntamiento se limitó hasta el momento en el que ordenaron la paralización de las obras.
En este entorno se situaba también el edificio Mogán que igualmente taponó las vistas de sus vecinos. El Ayuntamiento procedió a su derribo y a través de una sentencia del TSJC le abonó a su propietario más de 300.000 euros a lo que habría que sumar los intereses que casi doblaron esta cifra. Esta cantidad, no obstante, resultaba notablemente inferior a los tres millones que reclamaban los propietarios, la empresa Brevala SA pero superior a los doscientos mil euros que había calculado el Ayuntamiento. El derribo se hizo efectivo en 2006 después de alargarse en un proceso judicial que duró un lustro.
La Ninfa
Otra edificación que se ha convertido en paradigmática es la conocida como La Ninfa. El inmueble fue denunciado en el año 1994, hay sentencia firme del Tribunal Supremo que obliga a demoler cinco metros pese a lo cual el edificio sigue en el mismo estado que cuando fue construido. La Gerencia intentó zanjar el asunto cediendo el suelo público ocupado a los propietarios lo que ha dado lugar a una causa penal que mantiene imputados por presunta prevaricación administrativa a los ex concejales de Urbanismo, Manuel Parejo y Norberto Plasencia, el ex gerente, José Tomás González y el ex secretario, Víctor Reyes.
El edificio no sólo obstruye la vista a los vecinos que viven en la parte trasera sino que además trozos de los cimientos caen cada cierto tiempo sobre los ubicados en la parte inferior que desde hace años viven atemorizados con la amenaza de quedar sepultados por una avalancha de piedras y tierra.
Esta misma semana trascendía que el Juzgado número 3 de lo contencioso administrativo ha dado un último plazo a Urbanismo para que revise de oficio la licencia concedida al cercano geriátrico de Ifara al existir indicios de que la Gerencia incumplió las normas en vigor en cuanto a las alturas. El Juzgado ha advertido con la imposición de sucesivas multas de hasta 1.500 euros y el inicio de acciones penales a los actuales responsables del organismo autónomo en caso de que no cumplan con el fallo judicial firme emitido hace ya dos años.
