Rechazado el quinto recurso contra el deslinde de Las Teresitas
La Junta de Compensación de Las Teresitas recurrió el deslinde de la playa sin haber convocado previamente una asamblea entre sus componentes. Por este motivo la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso presentado que buscaba, entre otros objetivos, que se reconociera que hasta un tercio de los terrenos vendidos en 1998 a Inversiones Las Teresitas (ILT) no tenían carácter de suelo público. En caso contrario, de mantenerse la situación tal y como se ha venido ratificando ya en tres sentencias, de las cuales una es firme, se demostrarían que los miembros de la Junta incurrieron en un delito de prevariación al vender terrenos que aunque fueron ganados al mar a principios de la década de los años setenta con las obras de construcción de la playa artificial, en realidad nunca dejaron de ser bienes de titularidad pública.
La Audiencia ha rechazado por quinta vez un recurso presentado contra el deslinde de la playa. Anteriormente ocurrió lo propio con el interpuesto por ILT, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz y la Asociación de Amigos de la playa de Las Teresitas y el litoral de Anaga. En el caso de la Junta de Compensación el tribunal considera que sus directivos no procedieron a comunicar a los componentes la decisión de presentar el recurso, por lo cual este carece de legitimidad. Lo cierto es que en estos momentos tan sólo aparece como representante de la entidad su presidente, Jerónimo Delgado, imputado en una de las piezas del caso de Las Teresitas por un presunto delito de apropiación indebida. Al haberse vendido el total del parcelario a ILT y esta empresa propiedad de Ignacio González y Antonio Plasencia hacer lo propio al Ayuntamiento en 2001 con el frente de la playa y la batería militar de San Andrés, se supone que estos son los integrantes de la Junta, a los que habría que sumar la entidad Desurcic, formada a medias por Mapfre e ILT que desde el año 2006 figuran como propietarios de Las Huertas. Esta última compañía, además, aún es propietaria de los terrenos de Montaña Morera, a pesar de que una sentencia ya firme reconoce que los dueños originales de estos terrenos no se integraron en la Junta y que sus propiedades fueron vendidas sin su consentimiento y sin recibir dinero a cambio. Exactamente la misma situación que se ha producido con un centenar de propietarios de los terrenos de Las Huertas en la trasera de la playa.
La Junta alegó ante la Audiencia la caducidad del expediente administrativo al haberse sobrepasado el plazo de los 24 meses desde el inicio del expediente. Además, se consideraba que la resolución que acordó la ampliación en otros doce meses más no estaba suficientemente justificada. Los representantes de la Junta entendían que el deslinde es contrario al hecho de que en su momento se autorizase la construcción de una playa artificial a cargo de la propia entidad a cambio de que se les cedieran un tercio de los terrenos. Sin embargo, lo cierto es que las obras nunca fueron recibidas por el Estado, al incumplirse determinados aspectos del proyecto y por ello no se llegaron a dar por concluidas. En la denuncia interpuesta en 2006 por la Fiscalía Anticorrupción se recogía que las sucesivas compras y ventas de este suelo es una de las más graves irregularidades cometidas en el conocido como caso de Las Teresitas.
En definitiva, la Audiencia procede a rechazar las pretensiones de la Junta de Compensación al considera que sus directivos “no se aportaron la justificación documental del acuerdo de la Junta recurrente por el que se decide la interposición del presente recurso por lo que debe declararse la inadmisibilidad del mismo, sin que sea posible entrar en el fondo de la cuestión planteada. Los acuerdos autorizando al presidente de la Junta y la designación de abogado no son lo mismo que acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos
para entablar acciones por parte de las personas jurídicas“, se indica por último. En estos momentos quedan por dilucidar otros dos recursos más sobre el deslinde la playa, uno el presentado por la Asociación en Defensa del Puerto y otro por un grupo de militantes del PSOE. El interpuesto por ATAN, que fue rechazado en primera instancia, ha sido recurrido ante el Supremo que ha aceptado proceder a su deliberación.
