Saavedra recuerda a Parlamento que la prioridad son los ciudadanos, no las grandes obras
Las prioridades en un determinado momento no son los grandes edificios o las carreteras, sino resolver los problemas de los ciudadanos, “eso es lo que tiene que asumir esta cámara”, dijo este jueves a los diputados del Parlamento de Canarias el diputado del Común, Jerónimo Saavedra, durante la presentación de un informe especial sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en las islas.
Saavedra relató a los diputados el caso de una gran dependiente de La Palma que desde 2009 vio paralizado su expediente y que ha fallecido este año sin haber recibido respuesta. “Esta es la situación a la que hay que poner remedio”, hay que reflejarlo en el presupuesto porque “estamos para servir a los ciudadanos”, subrayó el Diputado del Común ante el pleno del Parlamento.
El informe sobre la dependencia en Canarias del Diputado del Común pone de relieve que en los siete años de aplicación de la ley ha habido falta de liderazgo y de coordinación y se ha generalizado la demora tanto en la tramitación de los reconocimientos como en la asignación de prestaciones, por lo que se exige a la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda que garantice los derechos de los ciudadanos.
También reclama, entre otras cuestiones, la clarificación de competencias entre comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos para evitar duplicidades y garantizar la igualdad de los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia.
Saavedra dijo que la Consejería debería haber dejado en manos de los cabildos la valoración de los solicitantes y la definición del plan de actuación para cada dependiente, en lugar de crear una unidad administrativa, para conseguir así más dinamismo en la gestión “y no este sufrimiento en la larga espera de los ciudadanos”.
La falta de adaptación a la Ley de Dependencia de la normativa canaria sobre atención sociosanitaria ha hecho que se perdiera financiación estatal y eso ha generado “efectos negativos para los canarios”, denunció Saavedra, y consideró que aún se mantiene “la ambigüedad”.
“No puede esta Comunidad Autónoma negarse a los recursos de financiación de una Ley estatal, por lo que debe incorporar al nuevo sistema todas las prestaciones de servicio que sean posibles”, indica otra de las conclusiones del informe.
Saavedra señaló que aunque la aportación del Estado se ha reducido en los últimos años, la del Gobierno de Canarias se ha incrementado, aunque no de la manera necesaria, y en cualquier caso, apuntó, “por encima de los recursos hay que preocuparse de la eficiencia en su uso” porque se trata de “un problema de una humanidad tremenda”.
El Diputado del Común anunció que ha pedido a la Audiencia de Cuentas que controle si las partidas presupuestarias para dependencia efectivamente se destinan a ese uso y no se desvían a otros fines, “porque hay que ser transparente en los recursos”.
En los siete años de la aplicación de la Ley de dependencia, el Diputado del Común ha recibido 495 quejas de ciudadanos, de los que ocho han fallecido sin que hubiera respuesta de la Consejería.
Actualmente hay 170 quejas tramitadas por el Diputado del Común pendientes de respuesta por parte de la Consejería, que no obstante ha acelerado su ritmo de contestación a partir de que se presentó el informe a finales de febrero, reveló Saavedra.
Milagros Bethencourt, del PP, indicó que el informe pone de relieve la impotencia y la desesperación de los dependientes canarios ante la gestión de la consejera Inés Rojas, pero recordó que solamente su grupo votó a favor de reprobarla en el pleno del Parlamento, mientras CC y PSOE continúan empecinados en “tapar su incompetencia”.
Alertó de que el incumplimiento sistemático de los plazos puede significar la “ruina” para el Gobierno de Canarias si los afectados acuden a los tribunales en defensa de sus derechos.
Por el momento hay 53 expedientes por responsabilidad patrimonial contra la Consejería y siete sentencias firmes, afirmó.
La diputada del PP añadió que las deficiencias de la gestión de la dependencia en Canarias se denuncian desde hace años sin que haya cambiado nada, por lo que lamentó que el informe del Diputado del Común tampoco vaya a servir para nada, puesto que “la solución pasa por cambiar de gestor” y en el Gobierno de Canarias “todo sigue exactamente igual”.
Román Rodríguez, de Nueva Canarias, afirmó que el informe sólo servirá si se hace caso de su contenido, porque sus conclusiones corroboran lo que han dicho desde el primer día cabildos y trabajadores sociales, que hay mala gestión desde el principio, sin que hasta ahora el Gobierno de Canarias haya reconocido ningún fallo ni escuchado a nadie.
Al Gobierno de Canarias “sólo le cabe la rectificación, reconocer que no se ha hecho bien y cambiar” porque sus siete años de errores los pagan “los más pobres, los mayores, los enfermos y los desvalidos”, subrayó Román Rodríguez.
Los grupos que apoyan al Gobierno, nacionalista y socialista, admitieron que debe haber mejoras en la aplicación de la Ley de dependencia, pero señalaron que el Gobierno de Canarias “se está esforzando”, como dijo la diputada del PSOE Rosa Guadalupe Jerez.
El informe debe servir para que la Consejería mejore su gestión, que “quizás no ha sido la adecuada”, pero para que la Ley de dependencia funcione es necesaria la financiación estatal y eso no se ha visto por parte del PP, que ha desmantelado el sistema, dijo la representante del PSOE.
Flora Marrero, de Coalición Canaria, aseguró que su grupo comparte las conclusiones del Diputado del Común, pero añadió que el informe se refiere a la gestión de “una etapa determinada” y confió en que en el futuro “se mejore sustancialmente”.
