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Turcón pide más participación en la Ley de Suelo y advierte de la “barra libre” para los municipios

Playa de Las Américas, una de las principales zonas turísticas de Tenerife.

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria —

El colectivo ecologista Turcón demanda más participación en el anteproyecto de Ley del Suelo y reclama la paralización de la tramitación para que el documento no se pruebe “sin mayor pena ni gloria”.

En esa línea, sostiene que no resuelve los problemas del territorio de Canarias y, en algunos casos, “los agrava, creando una auténtica barra libre de los municipios sobre los modelos territoriales, de crecimiento y planeamiento del suelo”.

En sus alegaciones, exponen que la Evaluación Ambiental Estratégica es una de las “debilidades” del anteproyecto porque contraviene la legislación nacional, lo mismo que los usos en suelos rústico, las excepcionalidades e indemnizaciones.

Para Turcón, el régimen de excepcionalidades constituye la creación de un “auténtico paraíso fiscal” para las actividades turísticas en el territorio, pues no caben excepciones en la ejecución del planeamiento “ni la creación de subterfugios ni espacios para falsas legalidades al albor de una ley lapsa y creadora de un escape fiscal y financiero en el sector turístico”.

Asimismo, tildan de “escandaloso” que se abra la puerta a la organización de pruebas de motor campo a través, y en cuanto a la Cotmac, señalan que solo los ayuntamientos capitalinos y algunos pocos más están en disposición de ejecutar las competencias de la ley.

Más presión para funcionarios y técnicos municipales

“Aumenta la presión sobre los funcionarios y técnicos municipales, así como la de los habilitados (secretarios municipales) y alcaldes que en la mayoría de los casos, veían en la Cotmac un órgano superior e independiente donde apoyarse, con la tranquilidad de las aprobaciones urbanísticas y territoriales”, destacan.

Este colectivo asegura que el modelo que se plantea para un futuro es la distribución de competencias atribuidas a los ayuntamientos, “incrementando la carga de trabajo y la responsabilidad económica y judicial que recae sobre ellos”.

Además, lamentan la ausencia de un “equipo multidisciplinar” en la elaboración de la ley, ya que “se nota” la mano de los juristas, con carencias en ordenación y planificación del suelo.

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