El suelo en su laberinto: la polémica maraña legislativa para regular el desarrollo sostenible de Canarias

Los roces y enfrentamientos internos que el anteproyecto de la Ley del Suelo han provocado entre los socios del Gobierno de Canarias no son un fenómeno nuevo en los debates de las normas que han pretendido regular el territorio. El Decreto de Moratoria, con el que empezó todo, también forzó un pulso entre el entonces presidente, Román Rodríguez, y su vicepresidente Adán Martín, y eso que ambos eran de CC.

La “preocupación creciente de la sociedad canaria por los efectos negativos de un desarrollo que ponga en peligro los frágiles ecosistemas insulares y los recursos que albergan” fue el origen de la formulación de las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, más conocida como la moratoria. Una medida con la que, como decía el propio decreto, se pretendía que el turismo, “un sector en expansión que constituirá uno de los motores básicos de la economía mundial en el futuro próximo”, no afectara “negativamente” a las “excepcionales condiciones geográficas y naturales” de las Islas.

Algo parecido a lo que aseguró el presidente Fernando Clavijo cuando el pasado 22 de febrero se aprobó el borrador del anteproyecto de la Ley del Suelo: “El objetivo último es proteger el paisaje y las condiciones generales que tienen estas islas, permitir que se desarrolle la actividad económica en el suelo que ya está clasificado e impedir que se consuma y clasifique más suelo”.

Es decir, que en 15 años algo ha salido mal para que desde el Gobierno se siga intentando dar con una solución al problema.

El Decreto de Moratoria se aprobó en enero de 2001. En mayo, el portavoz del Gobierno, por aquel entonces el ahora diputado Pedro Quevedo, anunciaba que el presidente Román Rodríguez (actual líder de Nueva Canarias) iba a encargarse en persona de mantener los contactos con las corporaciones insulares, locales y asociaciones canarias implicadas en el proceso de elaborar el proyecto de Ley de Medidas Urgentes sobre Desarrollo Sostenible. Un anuncio sorprendente porque las reuniones con esas instituciones las había tenido hasta ese momento el vicepresidente del Ejecutivo, Adán Martín. 

Esa era una ley transitoria, y no un instrumento definitivo, con el que se pretendía desarrollar la moratoria. Es decir, según Quevedo, era un “asunto que tiene envergadura suficiente para que Román Rodríguez asuma la coordinación y agilice el proceso”, relegando a su número dos en un proceso en el que le hacía sombra.

Y es que Martín había iniciado tras la aprobación del decreto de moratoria turística una ronda de contactos con los presidentes insulares para introducir sus sugerencias en la nueva ley de medidas urgentes. Los cabildos, cuando conocieron el último borrador de anteproyecto, se quejaron al no estar recogidas sus exigencias y el presidente de turno de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Tomás Padrón, reclamó como único interlocutor oficial al vicepresidente.

En plena crisis interna por el liderazgo del Gobierno (que ganaría Martín a Rodríguez dos años después) el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, indicó que ya las corporaciones insulares habían negociado desde hacía más de seis meses con Adán Martín, como representante del Gobierno de Canarias, y que sería “absurdo” introducir “nuevas variables en el debate por parte del presidente, o de dos o tres consejeros”. 

Pero no fueron esos los únicos efectos de la moratoria (que terminó aprobándose por unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias), que no era más que el establecimiento de una estrategia de limitación del crecimiento de la oferta alojativa para paralizar el peor escenario potencial de crecimiento del denominado ‘tercer boom turístico’ del final de la década de los años noventa.

Sin embargo, tanto las medidas implementadas con el fin de cualificar el modelo alojativo turístico (construcción de campos de golf), como los procesos inducidos por dicha paralización (crecimiento de la residencialidad o la especialización en los alojamientos hoteleros) tuvieron un importante impacto territorial, al provocar una gran expansión espacial de las áreas turísticas consolidadas y la aparición de otras nuevas.

Varapalo del TSJC

Una consecuencia con la que quiso acabar, sin éxito, la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación del Territorio aprobada en 2009 por el Gobierno de Paulino Rivero aunque impulsada por sus socios del Partido Popular con el rechazo rotundo del PSOE. Y es que ese texto estaba lleno de “conceptos arbitristas” que generaban “inseguridad jurídica”.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), fue peor el remedio que la enfermedad. Así al menos se aseguraba en la sentencia que dictó al examinar la demanda presentada por la empresa, Técnicos y Servicios Insulares SL, que exigía al Gobierno canario una indemnización de 12,7 millones de euros por no haber podido edificar en unos terrenos de Costa Calma, en Pájara (Fuerteventura).

La sentencia no se cortaba un pelo al destacar la “muy deficiente técnica legislativa empleada” por el Parlamento con tantas “imprecisiones y falta de propiedad” en lo que concierne a los suelos afectados por la moratoria que “pudiera pensarse que es inaplicable o de imposible realización”.

Además, los magistrados expresaban su “clara perplejidad” por el “extravagante” método elegido para “racionalizar y moderar el uso del suelo con destino turístico”, porque el suelo que se declaraba rústico por ese procedimiento volvería “imperativamente” a ser urbano en cuanto se revisara el planeamiento, ya que tenía aceras, pavimento o alumbrado.

“Repugna al sentido común y a la lógica del sistema la creación de un suelo rústico de protección, asfaltado, con aceras y alumbrado, posiblemente rodeado de construcciones, durante un determinado período, para terminar retornando a su condición anterior de suelo urbano”, aseguraba el magistrado Javier Varona Gómez-Acedo.

Esa fue la primera sentencia. Hubo hasta 27 reclamaciones de compensación económica de empresarios turísticos que consideraron vulnerados sus derechos tras la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, toda vez que el por entonces titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Domingo Berriel, rechazó las indemnizaciones por entender que los terrenos  “no tenían consolidados los derechos de edificación y por ello no pueden decir que la moratoria les paró la construcción de algo para lo que no tenían derecho”.

Armonización y simplificación

El caso es que esa Ley tampoco arregló la ordenación territorial en base al desarrollo sostenible y la conservación del suelo protegido, por lo que en 2014 el mismísimo Berriel impulsó, esta vez apoyándose en sus socios del PSOE, la  Ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, que contó con el rechazo absoluto de PP y Nueva Canarias.

Un texto que modificaba 27 leyes vigentes y que carecía del apoyo del Consejo Consultivo, cabildos, ayuntamientos, empresarios y profesionales. Una ley que pretendía, según Berriel, “eliminar rigideces  que dificultan la aplicación de la legislación y, a la vez, clarificar las competencias en el planeamiento insular”.

“No simplifica ni armoniza. No se producen las necesarias simplificaciones procedimentales. Se aumentan a siete el número de leyes que operan sobre la regulación territorial, ambiental, turística y urbanística de Canarias, como destaca en su dictamen el Consejo Consultivo. Se incluyen además, en su articulado, propuestas que contradicen el discurso oficial  sobre el territorio, al permitir la clasificación de nuevo suelo turístico en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife”, contraatacaba desde la tribuna el líder de NC.

Y, por su parte, el PP advertía de la posible inconstitucionalidad de la norma al privatizarse la gestión del planeamiento, dejando que las alegaciones ciudadanas sean respondidas por despachos privados cuando es competencia del Gobierno, los ayuntamientos y los cabildos y, además, al reproducir de forma indebida, las normas básicas estatales en materia de impacto ambiental, quebrando el principio de igualdad ante la norma, como ocurría respecto a la bonificación del coste de la demolición y la cuantía de las sanciones, dando distinto trato a los infractores.

Una ley para derogar la de hace un año

Ahora, solo un año después de aprobar esa legislación, el Gobierno impulsa la Ley del Suelo para derogar tres leyes, incluida esa. Y es que en 2016, tres quinquenios después de la Moratoria, aún están en vigor y se contraponen la Ley del Territorio del año 2000, las Directrices de Ordenación de 2003 y la Ley de Armonización y Simplificación de 2014, además de la Ley de Inversiones Estratégicas también aprobada hace menos de 12 meses.

Un texto que deja en manos de las corporaciones locales la gestión de su planeamiento y que ya ha levantado ampollas entre el PSOE y CC. Un texto elaborado exclusivamente por la parte nacionalista del Gobierno, dejando al margen a sus socios socialistas. Por ello, el portavoz del grupo parlamentario Socialista, Ignacio Álvaro Lavandera, afirmó que CC ha tenido “mucha prisa” en su elaboración, mientras que el diputado Gustavo Matos aseguró que “tendrá que cambiar mucho la ley para que se le pueda votar a favor en el Parlamento”, ya que el texto “lleva implícitas decisiones de carácter político que se han tomado de manera unilateral”.

Un “documento de trabajo, un texto que ha hecho una consejería de las diez que tiene el Gobierno”, aseguró el secretario de Organización, Julio Cruz, que fue inmediatamente replicado por la consejera  de  Política Territorial y Sostenibilidad, Nieves Lady Barreto: “No es un decreto ni una resolución que se dicta en una consejería, tiene que ser sometido a mucho debate y a muchas opiniones para enriquecerlo”.

Una tesis que, de momento, han asumido en su argumentario tanto el presidente Clavijo como la vicepresidenta Patricia Hernández para tratar de mantener una mínima unidad de acción que ve en la Ley “agujeros negros que se convertirán en coladero de los proyectos más inverosímiles y sin criterios de ordenación”, como dijo la diputada de Podemos Asunción Delgado. Un texto que según Rodríguez, el ‘presidente de la moratoria’,  diseña un “modelo en que cada territorio municipal se gobierna por su cuenta, sin previos controles de legalidad y escasos informes vinculantes”.

En junio, el suelo canario entrará de nuevo en otra fase de su laberinto cuando el texto comience a ser debatido por las distintas fuerzas parlamentarias. ¿Llegará a la salida del mismo 16 años después?