Ley del aborto: ¿quién decide?
​La pretensión del ministro de Justicia del Gobierno español, Alberto Ruiz-Gallardón, de derogar la actual ley del aborto y el caso de Beatriz, la mujer salvadoreña a la que no permitieron interrumpir su embarazo a pesar de alegar que su bebé iba a nacer sin vida y su salud corría peligro, han avivado un debate que llevaba años metido en un cajón.
Históricamente, el aborto ha sido un tema tabú en el que se han mezclado la religión y las ideologías y al que los políticos muchas veces no han sabido o no han querido hacerle frente. Un estudio internacional de la Fundación BBVA realizado en 10 países europeos muestra que la división de opiniones sigue presente en España, donde el 44% de los ciudadanos lo considera aceptable, mientras que el 39% restante lo rechaza.
Según los datos definitivos del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2011, ha habido una evolución al alza de las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo en la última década. Desde los años 80, con la lucha de las mujeres en la calle, hasta la ley de 2010, aprobada por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, mucho ha sido lo que se ha dicho en torno al aborto.
El 5 de julio de 1985 se despenalizó el aborto inducido en España. Antes, las mujeres se veían obligadas a salir del país para interrumpir sus embarazos. El destino más frecuente era Londres, donde las clínicas ya contaban con un servicio de recogida en el aeropuerto y posterior traslado al centro donde se practicaría el aborto.
La Ley Orgánica 9/1985 incluía tres supuestos: el supuesto terapéutico (riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer), criminológico (violación) y eugenésico (malformaciones físicas o psíquicas en el feto).
De acuerdo con esta ley, la mujer podía interrumpir su embarazo durante las primeras 12 semanas en el caso del supuesto criminológico, en las 22 primeras semanas en el caso del supuesto eugenésico y en cualquier momento del embarazo en el caso terapéutico.
En los casos de violación, se exigía haber cursado previamente una denuncia. En los demás supuestos, era necesario un informe médico.
Un estudio muestra que en España el 44% de los ciudadanos considera el aborto aceptable, mientras que el resto lo rechaza
La interrupción del embarazo podía llevarse a cabo en centros sanitarios acreditados, públicos y privados, siempre con el consentimiento de la mujer. El Código Penal establecía penas de prisión tanto para la mujer embarazada como para los facultativos que practicaran los abortos no amparados por la ley.
Tuvieron que pasar 25 años para que llegara una nueva ley.
La Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo vio la luz el 3 de marzo de 2010, aunque entró en vigor cuatro meses más tarde. Su principal objetivo: garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.
Esta reforma fue aprobada por el Gobierno socialista con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente y Bibiana Aído como ministra de Igualdad por 184 votos a favor, 158 en contra y una abstención. El Partido Popular se opuso a su aprobación, al igual que algunos miembros de otros partidos como Coalición Canaria, UPN y UPyD y siete diputados de CiU.
La ley contó con el rechazo de representantes de la Conferencia Episcopal Española de la Iglesia Católica, asociaciones Pro-vida y el Instituto de Política Familiar.
Al contrario que la de 1985, la regulación de 2010 estipula que las mujeres podrán interrumpir su embarazo hasta la semana 14 sin tener que justificarlo y sin la intervención de terceros en la decisión.
El plazo para la interrupción voluntaria del embarazo aumenta hasta la semana 22 en casos de grave riesgo para la vida o la salud de la madre o el feto. Después, sólo podrá interrumpirse el embarazo en dos supuestos, que se detecten anomalías en el feto incompatibles con la vida o que se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico.
A las mujeres que deseen interrumpir su embarazo, se les hace entrega de un sobre cerrado que contiene información acerca de derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad. La ley establece que deben transcurrir tres días hábiles de reflexión, desde la entrega de la información hasta que se lleve a cabo la intervención. Otra de las novedades de la ley, es que se permite a las jóvenes de 16 y 17 años abortar sin necesitar la autorización de sus padres.
La modificación de la Ley del aborto, el globo sonda de Gallardónglobo sonda
En enero de 2012 el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, alzó su voz en el Congreso de los Diputados para anunciar una reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada por el Gobierno socialista en 2010, que defendería la vida en los términos definidos por el Tribunal Constitucional, cuando se pronunció sobre la Ley del Aborto de 1985.
Al contrario que la de 1985, la regulación de 2010 estipula que las mujeres podrán interrumpir su embarazo hasta la semana 14 sin tener que justificarlo
A pesar de que dos meses más tarde el titular de Justicia aseguró que el primer borrador vería la luz ese mismo otoño, cerca de un año y medio después el texto de la reforma continúa en proceso de redacción o está guardado en un cajón de La Moncloa.
Mientras tanto, Gallardón ha ido dando pinceladas de lo que planea hacer con la Ley a modo de 'globo sonda' y el debate generado en la sociedad, entre los grupos políticos, los colectivos feministas y los religiosos ha hecho el resto. De hecho, unos 300 manifestantes, en su mayoría mujeres, realizaron un escrache a principios de año frente a la sede madrileña del Partido Popular (PP) que terminó con dos detenidos.
La discusión ha alcanzado el seno del propio PP, lo que podría haberse convertido en el principal motivo de que no se haya presentado todavía. El punto que suscita más desencuentros al respecto es la supresión de uno de los supuestos por los que se permite interrumpir el embarazo desde hace más de 20 años, la malformación del feto.
De este modo, se ha podido apreciar cómo el ministro ha matizado levemente su discurso inicial, claramente restrictivo y centrado en la promesa electoral popular de “defender el derecho a la vida” y se ha mostrado menos intransigente con algunos aspectos, como el supuesto que permite interrumpir el embarazo por daño psicológico a la madre, que según ha afirmado se mantendrá igual que en la legislación de 1985.
Respecto a la malformación fetal, el diario El País publicó a mediados del pasado mayo que la supresión del supuesto tendrá un matiz, el que las anomalías gravísimas seguirán siendo causa legal para interrumpir el embarazo, mientras que las “discapacidades”, no. El País atribuye esta afirmación a una sugerencia del ministro en el Senado, sin decirlo abiertamente ni especificar las diferencias entre una cosa y otra.
El debate sigue en la calle y las cabeceras nacionales continúan recogiendo entre sus titulares escalofriantes declaraciones sobre este tema, como la realizada la pasada semana por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que llegó a decir que “el aborto tiene algo que ver” con ETA, “pero no demasiado”. Aunque el Ministerio emitió un comunicado en el que explicaba que Fernández Díaz no había querido establecer ningún tipo de comparación, las reacciones no se hicieron esperar y acabaron en el Congreso.
Las principales directrices de la futura modificación se centran, en resumen, en cambiar el vigente sistema de plazos que permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación, por otro de indicaciones legalmente previstas semejante a la ley de 1985. De los tres supuestos por los que se despenalizaba el aborto entonces, se mantendrá el de violación y el de daño físico o psicológico a la madre, sin embargo, se restringirá el de malformación del feto. Además, se eliminará el que las menores tengan la posibilidad de interrumpir su embarazo sin necesidad de permiso paterno.
No se espera al Tribunal Constitucional
El diario El Mundo se hizo eco de una nota de Europa Press que informó de que la semana pasada el Pleno del Congreso rechazó con el voto del PP, UPN y Foro de Asturias, una moción presentada por el PSOE que pedía al Gobierno que esperase al pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) sobre los recursos presentados por el PP y el Gobierno de Navarra a la Ley del Aborto de 2010 para emprender una nueva reforma sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
La iniciativa contó con el apoyo de los diputados de Convergència, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC, BNG, Compromís y Amaiur y la abstención de los diputados de UPyD, de los de Uniò y de Ana Oramas, de Coalición Canaria.
Rechazo del Parlamento de Canarias
El Parlamento de Canarias rechazó con el voto en contra del Grupo Popular, que se modifique la vigente ley del aborto de 2010 para hacerla más restrictiva, reconoció “el derecho a una maternidad libremente decidida” y se opuso a “cualquier injerencia” a esa “decisión consciente” de toda mujer por parte de “cualquier moral religiosa” o por imposición del Estado.
La Cámara regional reprodujo el debate instalado en la sociedad desde que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sorprendiera con el anuncio de no esperar a la sentencia del TC al recurso presentado contra la Ley de 2010 para anteponer la reforma de la misma a cualquier otra prioridad de su departamento.
La diputada de Nueva Canarias (NC) Carmen Hernández y la socialista Dolores Padrón recordaron que la Ley de 2010 homologó a España con el resto de países europeos y aseguraron que en estos 28 años ningún Estado ha modificado su legislación para retroceder en este aspecto, por lo que España sería el primero. “Si sale adelante, a las mujeres nos vuelven a colocar en la clandestinidad o en el extranjero”, insistió Padrón, porque “las mujeres en todas partes del mundo interrumpen voluntariamente sus embarazos, estén legalizados o no”.
Por otro lado, la consejera regional de Sanidad, Brígida Mendoza, negó la semana pasada en el Parlamento que haya habido un impacto negativo derivado de los recortes en el acceso a las interrupciones voluntarias del embarazo e indicó que en Canarias el número de abortos aumentó en casi un 4% en 2012 respecto al año anterior, a pesar del esfuerzo del Gobierno autónomo en materia de educación sexual, según informó Efe.
La apretada agenda de la consejera durante las últimas semanas ha impedido que pueda aportar su visión del debate a este medio.
