Educación recorta a los maestros de taller de Canarias hasta 700 euros de las nóminas de diciembre
Los maestros de taller de Canarias, profesionales que trabajan en aulas enclave o en centros de educación especial con alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) impartiendo clases prácticas, han visto mermar su nómina de diciembre hasta en 700 euros en algunos casos. La Dirección de Personal de la Consejería de Educación ha enviado cartas de resolución a los miembros de este colectivo en las que aclaraba que, de acuerdo a un informe de Intervención General, las retribuciones que han venido percibiendo estos trabajadores son superiores a las que les corresponde según su categoría profesional, de grado III, y en ellas se les exigía abonar el importe “de más” recibido en el último año.
Educación ha explicado este jueves a Canarias Ahora que ha dado marcha atrás y asegura que ha suspendido ya la aplicación de la resolución para que no se siga recortando parte del salario en los próximos meses, al menos hasta que se estudie en profundidad. Fuentes de este departamento subrayan que hasta que no se haga este estudio no se devolverá la parte retenida en diciembre a los miembros de este colectivo, pero de cara al próximo mes sí que volverán a cobrar su anterior salario.
Francisco Gil García, maestro de taller ya jubilado pero que ejerce de portavoz de este colectivo compuesto por 30 profesionales de toda Canarias, asegura que, de hacerse efectiva la resolución, en algunos casos el importe total a devolver asciende a 8.000 euros y además explica que hay trabajadores a los que se les descontó dinero de sus nóminas sin que les hubiera llegado la carta de resolución primero. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TJSC) ya dio la razón a Gil en 1999 en una demanda que presentó junto a otros compañeros al Gobierno de Canarias por la diferencia de salarios con respecto a otros docentes y avaló que estos profesionales de la provincia de Las Palmas debían cobrar lo mismo que el resto de maestros y profesores incluidos en la categoría profesional II según el convenio de personal laboral de la comunidad autónoma.
En una de las cartas con fecha de 4 de diciembre a la que ha tenido acceso este medio, la dirección de personal de la Consejería de Educación destaca que “siguiendo lo establecido por la Intervención General y a los efectos de subsanar las irregularidades expuestas se deberá proceder a la regularización de sus retribuciones conforme a lo dispuesto en el III Convenio Colectivo de Personal de la Comunidad Autónoma”. Sin embargo, los profesionales se quejan de que la Consejería no haya tenido en cuenta la sentencia de 1999, año desde el que vienen cobrando igual que el resto de maestros pertenecientes a una categoría superior.
Gil subraya que tampoco se ha tenido en cuenta el acuerdo del Parlamento de Canarias en 2004 por el que se concluyó que los maestros de taller de la provincia de Santa Cruz de Tenerife también percibieran los mismos salarios que los de Las Palmas, equiparando su salario al de maestros del grupo profesional II.
Un trabajador del grupo II, según el Convenio Colectivo del Personal Laboral de Canarias, cobra al mes un salario base de 2.267.258 mientras que los trabajadores del grupo III perciben un salario mensual de 1.851.360 euros. Además, los pluses y complementos son diferentes. De ahí que las cantidades a descontar en diciembre llegaran en algunos casos a 700 euros.
Los maestros de taller trabajan con niños a partir de 14 años con necesidades específicas educativas principalmente en centros de educación especial. Según explica Gil, se les prepara en su tránsito a la vida adulta impartiendo clases prácticas de encuadernación, peluquería, electricidad… Por lo que considera que realizan una labor de enseñanza como la del resto de docentes por lo que no comprende esta diferencia salarial.
Queja del sindicato Cobas
El sindicato Cobas envió el pasado 19 de diciembre una queja al director general de personal de la Consejería de Educación y Universidades, en la que advierte de las resoluciones que están recibiendo estos trabajadores. La organización sindical señala en la carta que es un “despropósito y no ajustado a derecho” el contenido de estas resoluciones.
Cobas achaca a un “desconocimiento absoluto” de la realidad de este colectivo por parte de la “Intervención General como de la Dirección General de Personal de la Consejería” ya que no se tuvo en cuenta la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 1999 ni el acuerdo del Parlamento de Canarias de 2004.
Por ello, el sindicato pedía en este escrito que para evitar un “perjuicio injusto” sobre este colectivo y un “indeseable litigio judicial” se proceda a revocar y dejar sin efectos estas resoluciones por ser de “justicia”.
Los trabajadores se reunieron este miércoles y acordaron solicitar una reunión con la consejera y con el director general de personal. El colectivo asegura que “presentará una demanda por modificación sustancial en las condiciones de trabajo” y de no haber respuestas anunciarán un preaviso de huelga. La consejería, no obstante, solo confirma que paraliza las resoluciones hasta que las estudie.
