Inés Rojas asegura disponer de 115 millones para la Ley de Dependencia

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, acusó este martes al Cabildo de Gran Canaria de “llegar tarde” y de estar “desinformado” de una manera “inaudita” tras sus críticas a la aplicación de la Ley de Dependencia por parte del Ejecutivo regional en cuanto a la financiación a los ayuntamientos, ya que, dijo, hay 115 millones de euros disponibles para este concepto.

Rojas explicó que el Gobierno ha consignado 115 millones de euros para la aplicación de la Ley en este año, al contrario de lo que el consejero de Bienestar Social del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Quevedo, dijo el lunes, que aseguró que el Ejecutivo sólo había dispuesto de 26 millones.

La dirigente regional aseguró, tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrado este martes, que el Ejecutivo “está cumpliendo” con el calendario marcado por la disposición legal estatal sobre los dependientes. En este contexto aseguró que el Gobierno canario ha venido trabajando “en colaboración con la Fecam y la Fecai” para establecer los protocolos de trabajo. Y por ello, manifestó entender que el Cabildo de Gran Canaria convoque a todos los ayuntamientos de la isla para estudiar la aplicación de esta Ley aunque no “para manifestar unas conclusiones erróneas”. Rojas insistió en la necesidad de “estar todos unidos” porque de otra manera “no se podrá hacer”.

No obstante, la responsable se negó a considerar que Canarias ocupe el vagón de cola en la aplicación de esta Ley ya que “hemos tenido que superar dificultades” como la renegociación del convenio con el Estado que finalmente se firmó en diciembre de 2007 y la convivencia con una norma regional de atención a este tipo de personas. En este contexto, Rojas confirmó que en estos momentos, Canarias “está pagando” a los 250 dependientes severos que tiene valorados y con ello cumple la Ley Estatal, cuya aplicación se extiende hasta 2015 y establece que en 2007 y 2008 se deben abonar las cantidades que correspondan a este tipo de enfermos.

“Se está trabajando sin pausa”, aseguró, y en estos momentos, además se “está dotando financieramente a los ayuntamientos para que puedan contratar más personal” destinado a la elaboración de los informes sociales que establece la Ley estatal. Los ayuntamientos grancanarios denunciaron en el día de ayer que “no podemos hacer frente al gasto que representa la aplicación de la Ley de Dependencia” y culparon al Ejecutivo regional de no aportar dinero para este concepto.

Rojas negó este hecho y manifestó que “en estos momentos financiamos al 100% la contratación de profesionales en los municipios de menos de 80.000 habitantes y al 80 por ciento en los de más”.

Cifras

La responsable se mostró sorprendida durante su encuentro con los medios celebrado hoy con que el consejeró insular explicara el lunes que el Estado aportará 8 millones de euros, cuando “a día de hoy desconocemos la cantidad exacta que Madrid destinará a Canarias”. Así, Quevedo explicó que el Gobierno canario “sólo aporta” 26 millones de euros, cantidad que negó Rojas.

El Ejecutivo regional aporta, en total, 115 millones de euros. Los 26 representan el coste de la gestión de los centros para personas dependientes que tiene el Gobierno de Canarias. Y es que, según recordó Rojas, la Ley de Dependencia “llegó a las Islas cuando ya teníamos nuestro propio sistema” y la aplicación de los dos Planes suman unos 300 millones de euros destinados a este concepto.

A este hecho se suma la construcción de plazas para dependientes, de las que “ya tenemos unas 5.000” y “2.500 están en previsión”. En este punto de su exposición la consejera explicó que “en una reunión que se está celebrando hoy en Madrid entre el Ministerio y todas las comunidades, el Estado no aportará nada a Canarias por este concepto”. Por ello, “nos tendremos que organizar para afrontar este gasto nosotros solos”.

La consejera expuso que la consejería ha recibido 39.900 solicitudes de valoración, de las que ya se han visto 14.604, lo que representa un 37% del total, con lo que Canarias se sitúa a la cabeza entre las comunidades españolas por valoración.