El Supremo condena a los exgestores del Parque Marítimo a abonar un millón de euros a SCTF

Parque Marítimo César Manrique.

Canarias Ahora

Santa Cruz de Tenerife —

El Tribunal Supremo (TS) acaba de ratificar un fallo de la Audiencia Provincial en el que se condena a los antiguos administradores de la entidad Santa Cruz Park Tenerife SL, Luis Gil, Álvaro Gil y Carlos Francisco Díaz, al abono de alrededor de un millón de euros. Esta cantidad corresponde al impago del canon de explotación del Parque Marítimo César Manrique de Santa Cruz desde marzo de 2008 hasta enero de 2010, momento en el que se llevó a cabo el desahucio. Tras la sentencia de la Audiencia, Gil tuvo que avalar con sus propiedades las deudas hasta que el fallo fuera firme, lo que ha ocurrido ahora con el pronunciamiento del Supremo.

En primera instancia el Juzgado de lo Mercantil número 1 se había puesto del lado de los administradores y en contra de la entidad Parque Marítimo SA, integrada en aquel entonces por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, y poco después tan sólo por la Corporación local. Sin embargo, luego la Audiencia apuntó que los empresarios asumieron la gestión del Parque Marítimo en el año 2006 pese a ser conscientes de que se encontraba en una situación de insolvencia que se plasmaba en unas pérdidas anuales de 224.000 euros y que en aquel momento sumaban ya 1,2 millones de euros.

El déficit siguió aumentando hasta alcanzar en 2008 otros 300.000 euros más, por lo que entonces se acordó disolver la sociedad en septiembre tras conocer las cuentas del ejercicio anterior. Sin embargo, la entidad no desapareció formalmente hasta la Semana Santa de 2009 y el recinto quedó cerrado en uno de los períodos en los que se registra una mayor afluencia de bañistas, lo que se interpretó como un intento de Gil de presionar para que se permitieran celebrar fiestas, principal fuente de ingresos del Parque. Y es que las denuncias del abogado, Felipe Campos habían dado lugar a la suspensión de casi todas ellas.

El Cabildo, tras subrogarse las competencias, ratificó que era preciso pedir una autorización concreta para cada celebración y no una general, un punto en el que también coincidió la Gerencia de Urbanismo. El hecho de que ni el Ayuntamiento ni Puertos pusieran ninguna objeción a las fiestas demuestra que no eran responsables de la quiebra de la nueva sociedad, tal y como alegaron los empresarios.

En el año 2009 los problemas de la sociedad aumentaron con la huelga indefinida de los trabajadores del recinto, que exigían el pago de los salarios que se les adeudaban. Finalmente, los administradores presentaron en marzo de ese año una solicitud de concurso voluntario, que se inició en junio. En enero de 2010 por fin se llevó a cabo el desahucio de las instalaciones que habían quedado destrozadas por los numerosos actos vandálicos que tuvieron lugar durante el tiempo en el que permanecieron cerradas y sin vigilancia.

Finalmente el Parque Marítimo abrió sus puertas el 3 de junio de 2010 después de haber sufrido varias reformas y se volvió a cerrar a continuación para adaptar el recinto a la legislación europea. En la actualidad sigue funcionando y es gestionado de forma directa por parte del Ayuntamiento que está estudiando una modificación del Plan Especial para realizar actividades complementarias pero no fiestas.

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